El Programa Pago en Especie (PPE) cumple cincuenta años de existencia, un hito que nos invita a reflexionar sobre su impacto en el panorama artístico nacional y la evolución del propio concepto de patrimonio cultural. Medio siglo ha transcurrido desde que este mecanismo, ideado para facilitar el pago de impuestos de artistas plásticos a través de la entrega de sus obras, se instaurara en México. Si bien su esencia se ha mantenido intacta, las transformaciones en el mundo del arte y la propia concepción de lo que constituye patrimonio nos obligan a reevaluar su funcionamiento y alcance.

La historia del PPE se remonta a 1947, mucho antes de su oficialización en 1975. Desde entonces, ha sido objeto de diversas reformas, pero ninguna ha abordado a profundidad las cuestiones cruciales que hoy en día se plantean. El crecimiento del acervo, estimado en alrededor de 5,000 piezas –aunque algunas fuentes hablan de hasta 16,000–, pone de manifiesto la necesidad de un análisis exhaustivo. ¿Qué criterios se utilizan para la selección de las obras? ¿Cómo se garantiza la calidad y representatividad del acervo? Estas preguntas, formuladas hace más de una década por la investigadora Ana Garduño, siguen vigentes.

La preocupación por la calidad de las obras entregadas al PPE no es un tema menor. Garduño señalaba la posibilidad de que, debido a las condiciones de almacenamiento, algunos artistas optaran por entregar piezas de menor calidad. Esto nos lleva a interrogar la conformación del comité de expertos encargado de la valoración: ¿quiénes son estos expertos? ¿Cuáles son sus criterios de selección? La opacidad en este proceso genera inquietud y exige transparencia.

La evolución del concepto de patrimonio cultural, intrínsecamente ligado a la Ilustración y al surgimiento de la arqueología y la historia del arte como disciplinas, nos proporciona un marco para comprender la complejidad del tema. Desde el siglo XVIII, la idea de un pasado común, materializado en monumentos y objetos artísticos, ha ido transformándose. En México, esta conciencia se consolida a finales del siglo XIX con la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos (1897), sentando las bases para la protección del patrimonio nacional.

A lo largo del siglo XX, la legislación en materia de patrimonio cultural se ha enriquecido, incorporando conceptos como conservación, cuidado y bienes nacionales, culminando con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017. Sin embargo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, contemporánea al PPE, resulta especialmente relevante en este contexto.

La disparidad entre la legislación vigente y la realidad del PPE es evidente. La subjetividad en la definición de "obra de arte" y la falta de claridad en los criterios de selección demandan una revisión urgente del programa. No todo lo que forma parte del acervo del PPE puede considerarse patrimonio cultural, y es preciso establecer mecanismos que garanticen la calidad y representatividad de las piezas que lo integran.

Un diagnóstico exhaustivo del acervo es indispensable. No basta con conocer la cantidad aproximada de obras; es necesario identificar su estado de conservación, ubicación y los planes para su promoción y exhibición. La reforma de las reglas de operación, normas y procedimientos del PPE es impostergable. Debe establecerse un sistema transparente de evaluación, basado en criterios objetivos y con la participación de expertos reconocidos.

El cincuentenario del PPE nos brinda la oportunidad de repensar su función en la construcción del patrimonio cultural mexicano. Es momento de actualizar el programa a la realidad del arte contemporáneo y garantizar que el acervo refleje la diversidad y riqueza de la creación artística nacional. Las reformas, tanto en el PPE como en la legislación relacionada con el patrimonio cultural, son cruciales para fortalecer la identidad nacional y promover el desarrollo artístico del país. Es un debate que nos incumbe a todos.