La comunidad universitaria de Tulancingo se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de eventos que han sacudido los cimientos de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT). El caso que detonó esta crisis, la agresión física de un alumno, Manuel M., a su profesor, Ángel Ramírez Montiel, el pasado 25 de julio, ha destapado una olla de presión donde bullían denuncias de acoso, abuso de poder y falta de atención por parte de las autoridades académicas. La viralización del video de la agresión, donde se observa al joven propinando golpes al docente mientras grita reclamos sobre burlas, abrió un debate público sobre la responsabilidad de ambas partes y la necesidad de investigar a fondo las circunstancias que llevaron a este lamentable incidente.

Más allá de la impactante imagen de la agresión, el testimonio de Manuel M. ha resonado con fuerza. El joven, practicante de artes marciales y instructor de defensa personal dentro de la misma universidad, alega haber sido víctima de un acoso sistemático por parte del profesor Ramírez Montiel, que incluía burlas constantes, comentarios racistas y exclusión de actividades académicas. La denuncia del joven, que afirma haber reportado estas situaciones a las autoridades escolares sin obtener respuesta, plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de atención a quejas y la cultura de protección al interior de la institución. El incidente de la evaluación, donde Manuel M. fue excluido por su ausencia justificada debido a las actividades del taller que impartía, se presenta como la gota que derramó el vaso, llevando al joven a una reacción violenta que ahora le costará su permanencia en la UPT.

La respuesta de la UPT, que culminó con la destitución definitiva del profesor Ramírez Montiel, tras una investigación interna que acreditó faltas graves, intenta dar un mensaje de firmeza y compromiso con la integridad de su comunidad. Sin embargo, el caso ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos internos de la universidad para prevenir y atender situaciones de acoso y violencia. La decisión de la UPT, respaldada por el Comité de Ética y Conflicto de Interés, el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría del Estado, sienta un precedente importante, pero también plantea la necesidad de mayor transparencia en los procesos de investigación y sanción.

La crisis en la UPT no se limita al caso de Ramírez Montiel. Las denuncias de acoso y fraude contra el profesor Francisco F., quien presentó su renuncia voluntaria mientras enfrenta un proceso en la Contraloría, y las acusaciones de abuso de poder y denigración contra la profesora Nadia P., reubicada a funciones administrativas, dibujan un panorama preocupante sobre el clima laboral y la cultura institucional. Estas situaciones, que salieron a la luz gracias a la presión ejercida por un grupo de estudiantes inconformes, demuestran la importancia de la participación activa de la comunidad universitaria en la construcción de un ambiente seguro y respetuoso.

La mesa de trabajo entre el rector Felipe Olimpo Durán Rocha y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPH, Daniel Fragoso Torres, y las medidas anunciadas como respuesta al pliego petitorio estudiantil, representan un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza. La actualización del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE) para incluir un módulo de denuncias confidenciales, la creación de un Consejo Estudiantil con apoyo del IEEH y la inversión en equipamiento de aulas y laboratorios son acciones que buscan atender las demandas estudiantiles y fortalecer la transparencia y la participación. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para la UPT será la implementación efectiva de estas medidas y la capacidad de generar un cambio cultural profundo que garantice un ambiente de respeto y seguridad para todos los miembros de su comunidad. El futuro de la UPT dependerá de su capacidad para aprender de esta crisis y construir un futuro donde el diálogo, la justicia y el respeto sean los pilares de su quehacer académico.