El costo de la vida, un tema que nos toca a todos, ha experimentado fluctuaciones significativas en el último año. Según los recientes datos del INEGI, que ahora asume las responsabilidades del desaparecido Coneval, la canasta básica alimentaria rural alcanzó un precio de $1,857 pesos en julio de 2025, mientras que la urbana llegó a los $2,453 pesos. Estos números representan un aumento anual del 2.9% y 4.3% respectivamente, comparado con julio de 2024. Es importante destacar que esta es la primera vez que el INEGI publica este indicador, marcando un nuevo capítulo en el seguimiento y análisis de la situación económica del país.

Más allá de los números fríos, estas cifras se traducen en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, especialmente en un contexto de inflación. Si bien la inflación anual se ubicó en 3.5% en julio de 2025, una disminución considerable comparada con el mismo periodo del año anterior (5.6%), el impacto en la canasta básica alimentaria es innegable. La Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) en el ámbito rural se mantuvo por debajo de la inflación general, mientras que la urbana la superó, una dinámica que refleja la disparidad en el costo de la vida entre el campo y la ciudad.

Analizando con mayor detalle, el aumento en el precio de la canasta básica alimentaria se atribuye principalmente a dos factores: el incremento en el costo de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, y el alza en el precio del bistec de res. Estos dos elementos, tan presentes en la dieta de muchos mexicanos, impactan directamente en el bolsillo de las familias, obligándolas a ajustar sus presupuestos y, en muchos casos, a recortar gastos esenciales.

La situación se vuelve aún más compleja al considerar la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que incluye tanto la canasta básica alimentaria como la no alimentaria. En este caso, los cambios fueron del 3.1% en el ámbito rural ($3,396.71 pesos) y del 3.6% en el urbano ($4,718.55 pesos). La canasta básica, como componente principal de la LPI, fue la responsable principal de estos incrementos, afectando en un 61% al ámbito urbano y en un 51.1% al rural. Estos datos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de implementar políticas públicas que protejan el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables, y que garanticen el acceso a una alimentación adecuada.

En este contexto, la información proporcionada por el INEGI se convierte en una herramienta fundamental para comprender la realidad económica del país. No solo nos permite conocer el costo de la canasta básica, sino también analizar las tendencias de la inflación y su impacto en la LPEI y la LPI. Este conocimiento es esencial para el diseño de estrategias que promuevan el desarrollo económico y social, y que aseguren un futuro más próspero para todos los mexicanos. La tarea pendiente es traducir estos datos en acciones concretas que beneficien a quienes más lo necesitan.