La tensión se palpa en el aire. La Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, en una decisión que podría calificarse de inesperada, ha convocado a una sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el próximo martes 19 de agosto. Esta convocatoria irrumpe en la escena tras el anuncio, realizado en la misma jornada, de que la sesión de este martes sería la última del Pleno. ¿Qué ha motivado este giro repentino? La respuesta, según las palabras de la propia Piña Hernández, reside en la necesidad de abordar una acción electoral ya en lista y, crucialmente, prepararse para recibir posibles impugnaciones que podrían llegar hasta el 28 de agosto, referentes a las candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral. La premura del tiempo y la importancia de estos asuntos justifican, a ojos de la Ministra Presidenta, la convocatoria a esta sesión extraordinaria.

Este anuncio se produce en el contexto de la reciente decisión de la SCJN de desechar 138 juicios de inconformidad contra dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La razón esgrimida: la falta de legitimidad de los ciudadanos, partidos políticos y organizaciones que presentaron las impugnaciones. La magnitud de la tarea –analizar 138 juicios en un corto periodo de tiempo– fue reconocida por la Ministra Presidenta, quien expresó su agradecimiento al esfuerzo realizado por los ministros y sus equipos. Este volumen de impugnaciones desechadas, sin duda, añade otra capa de complejidad al escenario político y judicial actual. ¿Refleja acaso un creciente descontento con las decisiones del Tribunal Electoral? ¿O se trata de una estrategia coordinada para cuestionar su legitimidad? Las preguntas quedan flotando en el aire, a la espera de respuestas.

A este panorama ya de por sí complejo se suma la revelación de la Ministra Lenia Batres Guadarrama sobre la aprobación del anteproyecto de presupuesto del máximo tribunal para 2026. Un presupuesto que asciende a la considerable cifra de 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, lo que supone un aumento global del 12.7 por ciento (8.1 por ciento real), una cifra que contrasta con la inflación del 5 por ciento reportada por la Secretaría de Hacienda. La Ministra Batres Guadarrama no ha dudado en expresar su voto en contra de este aumento, argumentando una política de austeridad y racionalidad en el gasto presupuestal. Su disconformidad se extiende a otros puntos, como las remuneraciones superiores a las del Presidente de la República para altos funcionarios de la SCJN, los seguros de gastos médicos mayores, y la asignación de 65 mil pesos mensuales para ministros por concepto de alimentos, además de la renta de vehículos. Estas revelaciones abren un debate fundamental sobre el uso de los recursos públicos y la necesidad de transparencia en las instituciones. ¿Es justificado este aumento presupuestal? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía con estas asignaciones? La Ministra Batres Guadarrama ha depositado su confianza en el nuevo Poder Judicial que asumirá funciones en septiembre, esperando que este adopte una política de mayor austeridad.

La sesión extraordinaria del próximo martes 19 de agosto se presenta, pues, cargada de expectativas. Las decisiones que se tomen en ella tendrán, sin duda, un impacto significativo en el panorama político y judicial del país. La ciudadanía observa atenta, esperando respuestas y, sobre todo, acciones que refuercen la confianza en las instituciones. El tiempo dirá si esta sesión extraordinaria logra disipar las tensiones y encauzar el rumbo hacia una mayor transparencia y justicia.