La tragedia que envolvió la vida de Dulce N., de tan solo 12 años, en el municipio de Chalco, Estado de México, ha conmocionado al país y puesto en evidencia, una vez más, la crueldad que permea en algunos sectores de nuestra sociedad. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha arrojado luz sobre las posibles causas de este atroz crimen, señalando un vínculo con el narcomenudeo a través de la pareja de la madre de la menor. Esta revelación, lejos de cerrar el caso, abre una serie de interrogantes que exigen una investigación exhaustiva y transparente.

Si bien se ha establecido una posible conexión con el narcomenudeo, es fundamental comprender la dinámica completa de los hechos. ¿Era Dulce N. el objetivo directo de los agresores o se convirtió en una víctima colateral de una violencia que no le correspondía? La precisión del Secretario al señalar que los agresores buscaban a la pareja de la madre, y que este logró escapar, nos dibuja un escenario desgarrador: una niña atrapada en medio de un conflicto que la superaba, un conflicto que le arrebató la vida de manera injusta y brutal.

La imagen de dos individuos a bordo de motocicletas disparando en al menos 28 ocasiones contra un domicilio, nos habla de una premeditación y una saña que hiela la sangre. ¿Qué nivel de violencia se ha normalizado en nuestra sociedad para que se perpetren actos de esta naturaleza? La cifra de disparos, la frialdad del ataque, la vulnerabilidad de la víctima, todo apunta a una deshumanización alarmante que debemos confrontar como sociedad.

La ausencia del padrastro en la escena del crimen levanta, inevitablemente, sospechas. Su huida, aunque comprensible ante una situación de peligro, también lo coloca en una posición incómoda frente a la investigación. ¿Qué sabe él sobre los agresores? ¿Cuál era su nivel de involucramiento en las actividades que, según las autoridades, motivaron el ataque? Estas preguntas exigen respuestas, respuestas que solo una investigación diligente y exhaustiva puede proporcionar.

El caso de Dulce N. no es un caso aislado. Lamentablemente, la violencia se ha cobrado la vida de otros menores, como Fernandito, también víctima de las circunstancias que rodeaban a su madre. La creación de un grupo especial para atender este tipo de casos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es un paso importante, pero no suficiente. Se requiere un compromiso real por parte de todas las instancias gubernamentales para combatir las raíces de la violencia, para brindar protección a los más vulnerables y para garantizar que la justicia se aplique con todo el peso de la ley.

El clamor de justicia por Dulce N. debe resonar en todos los rincones del país. No podemos permitir que su muerte se convierta en una estadística más. Debemos exigir respuestas, exigir acciones concretas y exigir un cambio profundo que nos permita construir una sociedad donde la vida de nuestros niños sea valorada y protegida por encima de cualquier otra cosa. La memoria de Dulce N. nos obliga a no olvidar, a no claudicar en la lucha contra la violencia y a trabajar incansablemente por un futuro donde tragedias como esta no vuelvan a repetirse.