La impunidad se cierne como una sombra ominosa sobre Tampico, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado parece navegar en un mar de ineficiencia e indolencia ante el clamor de justicia por tres casos de violencia de género de extrema gravedad. Dos mujeres han perdido la vida, y otra ha sobrevivido a un intento de feminicidio, pero sus historias comparten un denominador común: la lentitud exasperante y la falta de diligencia de las autoridades encargadas de impartir justicia. Es un grito ahogado en los laberintos burocráticos, una herida abierta en la confianza de la sociedad.

La Colectiva Mujer Manglar, con la voz firme y decidida de su coordinadora, Martha de la Cruz López, ha denunciado la pasividad que reviste a estos casos, convirtiéndolos en un calvario para las familias de las víctimas. No se trata simplemente de críticas al gobierno o a la Fiscalía, sino de la constatación de una realidad dolorosa: la falta de empatía, la deficiente integración de las carpetas de investigación y la indiferencia ante el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos o los han visto al borde de la muerte. ¿Cómo es posible que la maquinaria de la justicia se mueva con tanta lentitud cuando se trata de vidas truncadas por la violencia machista?

El caso de Karla Roses, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una brecha cerca del fraccionamiento Jardines de Arboledas de Altamira, es un ejemplo paradigmático de esta inoperancia. A casi un año de su asesinato, el proceso avanza a paso de tortuga. La posibilidad de que el feminicidio ni siquiera sea considerado como tal contra el agresor, Xiabani "N", es una bofetada a la memoria de Karla y una muestra de la desidia con la que se trata este tipo de delitos.

La historia se repite con Lupita, cuyo cuerpo apareció en una laguna de Altamira, cerca de la colonia Nuevo Madero. Tres largos meses tuvieron que pasar para que la Fiscalía General de Justicia del Estado comenzara a integrar la investigación. Tres meses de angustia e incertidumbre para su familia, tres meses perdidos en los que las pruebas se desvanecen y la justicia se aleja. ¿Es acaso admisible que la respuesta del Estado sea tan lenta ante un crimen que clama por justicia?

El caso de Yoselin, víctima de una brutal agresión por parte de su expareja, Alberto "N", añade otro capítulo a esta crónica de la impunidad. Aunque el agresor estuvo prófugo, un juez federal le otorgó un amparo, permitiéndole llevar su proceso en libertad. Ahora, Alberto "N" ha desaparecido, y la Fiscalía, con una pasividad que indigna, no ha emitido una ficha de búsqueda ni ha ofrecido una recompensa por su captura, como sí lo ha hecho en otros casos. ¿Acaso la vida de Yoselin vale menos? ¿Por qué la Fiscalía no aplica los mismos criterios en todos los casos de violencia de género?

La Colectiva Mujer Manglar exige, con toda razón, que la Fiscalía asuma sus responsabilidades y actúe conforme a los protocolos legales con perspectiva de género. No se trata de pedir favores, sino de exigir que se cumpla la ley y se haga justicia. La impunidad no puede ser la respuesta a la violencia de género. Las familias de las víctimas merecen justicia, y la sociedad necesita confiar en que las instituciones están de su lado. El tiempo corre, y cada día que pasa sin que se haga justicia es una victoria para la impunidad. Es hora de que la Fiscalía General de Justicia del Estado demuestre que está a la altura de las circunstancias y que la justicia, aunque lenta, llega.