El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de las familias mexicanas. Por decimoctava semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido mantener el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al 100% para la gasolina Magna, Premium y Diésel. Esto significa que, del 9 al 15 de agosto de 2025, los automovilistas deberán absorber la totalidad del impuesto, un duro golpe que se suma a la creciente presión económica. La noticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha generado incertidumbre y preocupación entre los consumidores, que ven cómo el costo de la movilidad impacta directamente en su presupuesto familiar.

Si bien PETROIntelligence reportó un ligero incremento de un centavo para la gasolina Premium y Magna este martes 12 de agosto, y una mínima baja para el Diésel, la ausencia del estímulo fiscal mantiene los precios en niveles elevados. Esta volatilidad, sumada a la variabilidad regional de los precios, dificulta la planificación del gasto familiar y obliga a muchos a recortar en otras áreas esenciales. Mientras el gas natural vehicular se mantiene estable a nivel nacional, la gasolina, el combustible más utilizado en el país, sigue siendo un foco rojo para la economía de los hogares.

La pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿Cómo impacta este precio en nuestra economía familiar? La respuesta, lamentablemente, no es alentadora. Para muchos, el aumento en el costo del combustible se traduce en menos recursos disponibles para alimentos, educación, salud y otras necesidades básicas. Las familias se ven obligadas a realizar ajustes, a priorizar gastos y a buscar alternativas para mitigar el impacto de esta medida.

La situación se agrava al considerar la disparidad de precios en las distintas regiones del país. Mientras en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León – por mencionar algunos ejemplos – los precios fluctúan, la incertidumbre persiste. ¿Cuánto cuesta realmente llenar el tanque hoy? La respuesta varía dependiendo del lugar donde nos encontremos, lo que dificulta aún más el control del gasto.

Ante este panorama, la labor de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cobra vital importancia. Su programa permanente de verificación en estaciones de servicio y gasolineras a lo largo del país busca garantizar que los consumidores reciban litros completos y precios justos. Sin embargo, la vigilancia constante no resuelve el problema de fondo: la carga impositiva que asfixia a las familias mexicanas.

La decisión de mantener el IEPS al 100% plantea interrogantes sobre la política energética del país y su impacto en la economía familiar. ¿Se están explorando alternativas para aliviar la carga de los consumidores? ¿Se están considerando medidas para fomentar el uso de combustibles alternativos y más económicos? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y concretas por parte de las autoridades.

Mientras tanto, los mexicanos se enfrentan a la difícil tarea de administrar sus recursos en un contexto de precios volátiles e incertidumbre económica. El costo de la gasolina, lejos de ser un simple dato estadístico, se ha convertido en un factor determinante en la vida diaria de millones de familias. La esperanza reside en que las autoridades implementen políticas que promuevan la estabilidad y el acceso a combustibles a precios justos, aliviando así la presión sobre la economía familiar.