La propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum ha desatado una tormenta política en el país. La creación de una comisión exclusivamente gubernamental, sin la participación de la oposición, expertos en la materia ni las cámaras legislativas, levanta serias sospechas sobre la verdadera intención detrás de esta iniciativa. La figura de Pablo Gómez, quien presidirá dicha comisión, añade aún más controversia al debate. Gómez, quien se benefició del sistema de plurinominales que ahora busca eliminar, es percibido por muchos como una figura incapaz de generar consensos, incluso dentro de su propio partido. Su nombramiento se interpreta como una estrategia para obstaculizar el avance de la reforma o, quizás, como una maniobra para apartarlo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sea cual sea la razón, su presencia alimenta las dudas y la desconfianza en el proceso.

Por otro lado, la coincidencia temporal de esta reforma con las crecientes críticas hacia el gobierno por temas como los viajes presidenciales y la cuestionada austeridad del régimen, plantea la posibilidad de que se trate de una cortina de humo, una táctica de distracción para desviar la atención pública de asuntos incómodos. El anuncio de foros y encuestas, siguiendo el estilo característico del régimen, refuerza esta teoría. La experiencia con el Poder Judicial nos ha enseñado cómo se utilizan estas herramientas para justificar decisiones preconcebidas y construir narrativas a conveniencia. El discurso polarizante emanado desde las mañaneras contribuye a sembrar la división y a preparar el terreno para la imposición de una reforma que no cuenta con el respaldo de la sociedad en su conjunto.

La afirmación de Pablo Gómez sobre una “nueva mayoría” resulta irónica, considerando que él, como nadie, conoce la importancia del consenso plural en las reformas electorales en México. Históricamente, estos cambios han requerido la participación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ignorar esta premisa es un grave error que puede tener consecuencias devastadoras para la democracia.

Mientras se argumenta sobre el costo de las elecciones, se ignora el costo aún mayor de las dictaduras. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de países que han transitado por ese camino, condenando a sus ciudadanos a la pobreza y la decadencia. Morena, con su acceso a los programas sociales e incluso, según algunos señalamientos, al dinero del crimen organizado, no necesita recursos económicos para ganar elecciones. Su control sobre el Poder Judicial, las autoridades electorales y la mayoría calificada obtenida de manera cuestionable, les otorga un poder inmenso. Ante este panorama, la pregunta inevitable es: ¿para qué una reforma electoral si ya controlan todo?

La respuesta, quizás, se encuentre en las declaraciones del polémico Noroña sobre las posibles represalias que enfrentarían si la oposición regresa al poder. Este temor, fundamentado en el historial de AMLO, que incluye acusaciones de alianzas con el narcotráfico, la creciente cifra de muertos y desaparecidos, la crisis en el sistema de salud y la corrupción en las obras insignia del gobierno, revela la verdadera motivación detrás de esta reforma: la búsqueda de impunidad y protección.

La inmunidad de AMLO y otros morenistas tiene un alto costo para los mexicanos. Para garantizarla, se socavan las instituciones que podrían amenazar su control. El “¡No estás solo!” se convierte en una consigna que une a quienes comparten una red de criminalidad y corrupción. Morena opera como una mafia, protegiéndose entre sí y traicionando sus principios. Sin embargo, la historia también nos enseña que las mafias, eventualmente, terminan traicionándose a sí mismas. El futuro de México dependerá de la capacidad de la sociedad para resistir este embate autoritario y defender las instituciones democráticas.