Siete años han pasado desde aquella charla que me dejó perpleja. La preocupación de aquellos norteamericanos por el aumento en las primas de seguros de vida y protección contra la violencia en nuestro país, me hizo comprender la magnitud del problema que enfrentamos. Secuestros, homicidios, trata de personas, torturas… crímenes atroces que se han convertido en una triste realidad para muchos, y un riesgo laboral para los extranjeros que trabajan en zonas rojas, ricas en recursos e intereses económicos, pero también en peligros. Mientras los trabajadores estadounidenses contaban con estas costosas pólizas como requisito indispensable para laborar en estas áreas, miles de mexicanos que trabajaban codo a codo con ellos carecían de la misma protección. Una desigualdad que grita al cielo.

Ahora, el incosteable precio de estas primas nos revela un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense. Dos acciones recientes del gobierno de Washington D.C. evidencian un claro abandono de la diplomacia tradicional y una apuesta por la justicia por mano propia. La primera, la toma de control de la capital estadounidense por parte de la policía federal, con el objetivo de reducir la criminalidad y desplazar a la población indigente. Una medida que busca, por un lado, embellecer la imagen de la Casa Blanca, el Capitolio, el Tribunal Supremo y otras agencias federales, proyectando una imagen de poderío e invencibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, se busca fortalecer la moral nacional, pilar fundamental para la continuidad del modelo capitalista estadounidense. Un mensaje dual que no podemos ignorar.

La segunda acción, aún más contundente, es la declarada aniquilación de los cárteles de la droga en el continente americano, con especial énfasis en Venezuela, México y Colombia. El trasfondo de esta decisión va más allá de la simple lucha contra el narcotráfico. La seguridad nacional de Estados Unidos se erige como prioridad absoluta, y se entiende que la proliferación del narcotráfico la mina directamente. El aumento en los costos de la atención sanitaria derivados del consumo de estupefacientes, sumado al incremento en los gastos de seguridad para sus ciudadanos que trabajan en Hispanoamérica, representan una sangría para el tesoro norteamericano. Aunque el sistema de salud en Estados Unidos sea privado, existe un fondo de emergencia para quienes no pueden acceder a él, y este fondo se está agotando.

Pero hay más. Los cárteles de la droga, con su inmenso capital, se han convertido en un actor geopolítico de peso. Países asiáticos y antiguos miembros del bloque soviético los utilizan para competir contra los intereses económicos y el dominio informativo de Estados Unidos. Estos grupos criminales, con su poder basado en la violencia, socavan la autoridad de cualquier Estado, incluido el estadounidense. Su aniquilación se convierte, por tanto, en una misión crucial para evitar que sus redes de corrupción y sobornos traspasen las fronteras y corroan las instituciones americanas.

Otro factor determinante es la inversión en armas. El flujo de armamento fuera del territorio estadounidense, especialmente hacia otros países, supone una pérdida anual del uno por ciento del Producto Interno Bruto del gigante americano. Un fenómeno que no se observaba en el siglo pasado, cuando la Doctrina Monroe imponía dictadores en los países hispanoamericanos, manteniendo bajo control los intereses de la región.

En este contexto, México se ha visto especialmente afectado por la inseguridad. Los éxodos masivos de su población, que han transformado el panorama regional y mundial, son una prueba irrefutable. La inseguridad, acompañada de problemas psiquiátricos y económicos, genera un profundo hartazgo y una sensación de impunidad generalizada. Por ello, las decisiones del gobierno estadounidense, lejos de generar antipatía, se perciben con una mezcla de cautela y esperanza. Quizás el lobo del cuento, en esta ocasión, acabe con los coyotes.