Un nuevo viento sopla en los tribunales mexicanos. La justicia, como valor supremo, se alza por encima de la rigidez de la ley. Así lo ha proclamado Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras presenciar un acto de profunda significación: la amnistía concedida a Bonifacia, una mujer indígena mazahua que sufrió la violación de sus derechos humanos y un debido proceso deficiente. Este caso, más que una simple anécdota, se erige como un símbolo, un faro que ilumina el camino que la justicia mexicana debe seguir.

La presencia de Aguilar Ortiz, junto a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) en Toluca, reviste una importancia capital. No se trata de una mera visita protocolaria, sino de un espaldarazo a la decisión de la Sala de Asuntos Indígenas, un espaldarazo a la justicia misma. Las palabras del futuro presidente de la SCJN resuenan con fuerza: “Haremos justicia antes del cumplimiento estricto de la ley”. Una declaración que, lejos de ser una simple promesa, se presenta como un compromiso ineludible, un mandato ético que guiará las acciones del máximo tribunal del país.

La Constitución, como marco fundamental de nuestro sistema jurídico, permite y facilita esta nueva perspectiva. No se trata de ignorar la ley, sino de interpretarla a la luz de la justicia, de dotarla de un sentido humano, de comprender que detrás de cada caso hay personas, historias, vidas. Los formalismos legales, por necesarios que sean, no pueden ser un obstáculo para la consecución de la justicia. En el caso de Bonifacia, condenada a ocho años y nueve meses por homicidio simple en contra de su segunda pareja, la justicia se impuso. Se reconoció la vulnerabilidad de una mujer indígena atrapada en un sistema que no la comprendía, que no le garantizó una defensa adecuada, que la juzgó sin tener en cuenta su contexto cultural y social.

La Sala de Asuntos Indígenas del TSJEM, protagonista de esta historia, se convierte en un modelo a seguir. Su existencia misma es una reivindicación de la pluralidad cultural de México, un reconocimiento de la necesidad de adaptar el sistema judicial a las particularidades de los pueblos originarios. Aguilar Ortiz ha sido claro: este modelo debe replicarse a lo largo y ancho del país, especialmente en las 22 entidades federativas donde existen grupos indígenas. Es una cuestión de justicia, de equidad, de respeto a la diversidad.

La ministra Yasmín Esquivel, por su parte, ha celebrado la amnistía otorgada a Bonifacia, destacando su valor simbólico. No solo se reivindica a una mujer, sino a toda una comunidad, a todas las mujeres indígenas que han sido víctimas de un sistema judicial deficiente. Este acto de reparación abre una puerta a la esperanza, un camino hacia una justicia más inclusiva, más humana, más justa.

El caso de Bonifacia trasciende lo individual. Es un llamado a la reflexión, una invitación a repensar el papel de la justicia en una sociedad diversa y compleja como la mexicana. Es un recordatorio de que la ley, por sí sola, no basta. Necesitamos una justicia que vea, que escuche, que comprenda, una justicia que, en definitiva, haga justicia. Las palabras de Fernando Díaz, presidente del TSJEM, resumen a la perfección el significado de este momento histórico: dignificar la justicia, ampliar horizontes en beneficio de todos, especialmente de los pueblos originarios. Un compromiso que, sin duda, marcará el futuro del sistema judicial mexicano.