La tragedia del pequeño Fernando nos golpea en el alma y nos obliga a confrontar una realidad desgarradora: la banalización de la vida humana. ¿Cómo es posible que una deuda de mil pesos se cobre con la vida de un niño de cinco años? Este acto atroz no es un simple crimen, es un síntoma de una enfermedad social profunda que corroe los cimientos de nuestra sociedad. El secuestro y posterior asesinato del pequeño Fernando no se reduce a la crueldad de tres individuos, sino que refleja la descomposición de valores, la normalización de la violencia y la desesperanza que se respira en algunos sectores de nuestra sociedad.

Si bien el hecho de que los presuntos responsables estén detenidos ofrece un ápice de justicia, no podemos conformarnos con la simple aplicación de la ley. La indignación que sentimos debe transformarse en un motor de cambio, en una exigencia colectiva para construir un México donde la vida de nuestros niños sea sagrada e inviolable. No podemos permitir que la memoria de Fernando se diluya en la estadística. Su caso debe ser un punto de inflexión, un llamado a la acción para erradicar la violencia que amenaza a nuestra infancia.

Las cifras, aunque frías, nos muestran la magnitud del problema. Miles de niños y adolescentes pierden la vida cada año en México, víctimas de la violencia en sus diversas manifestaciones. Si bien los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución en los homicidios de menores en el primer semestre de 2025, no podemos bajar la guardia. Cada vida perdida es una tragedia irreparable, un futuro truncado que nos roba la esperanza.

Es cierto que la complejidad del problema exige un enfoque multidimensional. No existe una solución mágica, sino un conjunto de acciones que, implementadas de manera coordinada, pueden marcar la diferencia. Necesitamos fortalecer las campañas de prevención y educación, tejiendo redes de apoyo entre vecinos y comunidades para detectar situaciones de riesgo. Es fundamental que las autoridades respondan con prontitud y eficacia ante las denuncias, garantizando que ningún acto de violencia contra la infancia quede impune.

La corresponsabilidad institucional es clave para cerrar el paso a la impunidad. Debemos exigir que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia actúen con diligencia y transparencia, sancionando ejemplarmente a los responsables de estos crímenes. La impunidad no solo genera un profundo dolor en las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la vida de un niño no importa.

No nos limitemos al lamento. Transformemos la indignación en acción. Trabajemos juntos, sociedad y gobierno, para construir un México donde la infancia sea protegida, donde la vida de cada niño sea valorada y respetada. Que la memoria de Fernando nos impulse a crear un futuro donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. No podemos permitir que la violencia nos robe la esperanza. El futuro de nuestros niños está en juego.