Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, vuelve a jugar con fuego. Su nueva propuesta, disfrazada de preocupación por la seguridad social de los policías municipales, es una maniobra política cínica que deja más dudas que soluciones. En lugar de abordar el problema de raíz, Gallardo opta por un espectáculo legislativo que no garantiza pensiones dignas ni ofrece un respaldo financiero real a los municipios.

La iniciativa, que busca modificar la Constitución local, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pretende "garantizar" pensiones a los policías. Sin embargo, la vaguedad de la propuesta es alarmante. No especifica montos, no establece un fondo estatal, ni obliga a la adhesión a instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE. En su lugar, abre la puerta a la creación de fideicomisos opacos, la contratación de seguros privados o, peor aún, a inventos financieros a la medida de cada alcalde.

Esta ambigüedad no es casual. Gallardo traslada la responsabilidad financiera a los municipios, muchos de ellos con severos problemas económicos, sin ofrecerles un apoyo concreto. Les deja la tarea de diseñar sus propios sistemas de pensiones, lo que inevitablemente generará un mosaico de esquemas desiguales, fragmentados y sin supervisión.

Lo más grave es que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya obliga a la seguridad social para todos los policías del país. En vez de enfocarse en el cumplimiento de esta norma, Gallardo crea un Frankenstein legal que perpetúa la incertidumbre. Promete pensiones sin sustento, sin un plan financiero sólido, condenando a los policías a un futuro precario. Incluso uno de los artículos transitorios de la propuesta obliga a los municipios a incluir una partida presupuestal para las pensiones, sin proporcionarles recursos adicionales. Es como pedirles que construyan un castillo con arena.

La reacción de Morena no se ha hecho esperar. Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, ha expresado su rechazo a los sistemas privados de pensiones, señalando la importancia de garantizar un retiro digno para quienes arriesgan su vida en la primera línea de combate contra la delincuencia. En un país donde ser policía municipal es sinónimo de peligro constante, jugar con su seguridad social es una irresponsabilidad inaceptable.

La estrategia de Gallardo es clara: simular preocupación por los policías para ganar capital político. Utiliza a estos servidores públicos como carnada electoral, mientras deja a los municipios con un problema estructural sin las herramientas necesarias para resolverlo.

Esta no es justicia social, es manipulación política. Es una burla para quienes arriesgan su vida día a día, sin la certeza de regresar a casa. La propuesta, recibida con indignación en el Congreso potosino, enfrenta una fuerte oposición. Morena y otros partidos han anticipado su voto en contra y preparan modificaciones para que las leyes estatales de seguridad realmente protejan a los policías y a sus familias. La lucha por una pensión digna apenas comienza.