En medio de la turbulencia financiera que azota a Pemex, con un rescate en curso y una creciente lista de proveedores impagos, una alarma ensordecedora resuena en las altas esferas de su Consejo de Administración. La preocupación se extiende como una sombra ominosa sobre los órganos de control y los equipos de auditoría interna, ante la crisis y las fallas que lastran la gestión de la Subdirección Jurídica de Contratos, presagiando una avalancha de laudos condenatorios.

En el corazón del sector energético, la Secretaría de Energía, bajo la dirección de Luz Elena González, observa con inquietud las deficiencias y tropiezos de Patricia Duque Aguilar, la subdirectora jurídica de contratos de Pemex. Su gestión, lejos de facilitar los procesos, se ha convertido en un cuello de botella, obstruyendo el flujo vital de la empresa y abriendo la puerta a la sospecha de corrupción. Esta parálisis institucional, agravada por el desconocimiento de los procesos contractuales por parte de Víctor Rodríguez Padilla, director jurídico de la empresa, compromete la toma de decisiones cruciales para el futuro de Pemex.

Un ejemplo paradigmático de esta ineficacia es el caso de los contratos mixtos, un proyecto emblemático de la 4T, cuyo modelo contractual, plagado de incoherencias y lagunas jurídicas, ha generado un documento confuso e inoperante. La mezcla indiscriminada de cláusulas de modelos anteriores, sin una comprensión cabal de la nueva figura contractual ni de las legítimas preocupaciones de los inversionistas, ha ahuyentado a gigantes del sector como Diavaz de Luis Vázquez, Jaguar de Dionisio Garza Sada, Carso de Carlos Slim, Woodside Energy y la china Sinopec.

A este panorama desalentador se suma la falta de gestión oportuna para obtener la autorización de la Secretaría de Energía, un retraso crítico atribuible a la deficiente supervisión y acompañamiento desde la concepción del instrumento. Más aún, pesan graves señalamientos de corrupción en la emisión de opiniones de viabilidad jurídica, particularmente en el área de cumplimiento legal. Se habla de operadores externos que, utilizando el nombre de Juana Lilia Arroyo, gerente de Cumplimiento Legal, y de la pareja sentimental de la titular de la Dirección Jurídica, solicitan pagos millonarios a empresarios a cambio de dictámenes favorables.

El historial de Patricia Duque Aguilar está marcado por procedimientos administrativos y sanciones previas, así como quejas por maltrato al personal y un desempeño técnico cuestionable. Su incapacidad para superar las pruebas psicométricas internas de Pemex y su incomprensión de los temas técnicos de las áreas operativas, sus principales clientes, la inhabilitan para implementar una estrategia jurídica eficaz.

Por su parte, la jurídica de Pemex, Rosa Bello Pérez, opera en un peligroso aislamiento, confrontando y descalificando a las autoridades sectoriales. Su nueva estructura jurídica, al eliminar las gerencias jurídicas regionales, ha roto la conexión vital entre la Dirección Jurídica y las áreas operativas, transformando un área de apoyo en un órgano de auditoría redundante, duplicando funciones ya cubiertas por Control Interno y el área de Responsabilidades.

Para las altas autoridades del sector energético, esta denuncia interna e investigación comprometen el cumplimiento de funciones esenciales de Pemex: el apoyo legal a las áreas sustantivas, la garantía del marco de legalidad en las decisiones estratégicas y la protección del patrimonio jurídico de la empresa. Las consecuencias financieras, legales y reputacionales de esta crisis podrían ser devastadoras.

En otro orden de ideas, la controversia entre las aseguradoras y el SAT por el cobro retroactivo del IVA, una pretensión que asciende a la astronómica cifra de 170 mil millones de pesos desde 2018, sigue su curso. Desde Carlos Urzúa hasta Edgar Amador, pasando por Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O, la recomendación ha sido la misma: el SAT debe abandonar esta pretensión. A pesar de la presión ejercida por Raquel Buenrostro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo la dirección de Guillermo Valls, ha corregido su postura inicial, inclinándose hacia los criterios legales que favorecen a las aseguradoras. El caso, aún pendiente de votación, ha sido objeto de un intenso lobbying por parte de gigantes del sector como Axa, GNP, Monterrey New York Life, Inbursa, Banorte, BBVA y MetLife, tanto en el Tribunal como en la Secretaría de Hacienda.

La rumoreada venta de Marzam al Grupo Omni de Moisés Chaves, aunque con un acuerdo en principio, está lejos de concretarse. El cierre de la operación depende del cumplimiento de ciertas cláusulas por parte del empresario costarricense, incluyendo el pago y la transferencia de la propiedad y el control. Mientras tanto, Marzam, bajo la dirección de Luis Doporto, ha concluido una exitosa reestructura financiera con HSBC y Santander, transfiriendo el fideicomiso de CI Banco a la entidad de Ana Botín. Aunque Bankaool ha extendido una línea de crédito, no se perfila como comprador de Marzam, sino como financiador de una empresa de Chaves, quien busca utilizar la extensa red de distribución de Marzam para ampliar su cartera de clientes y crédito. La transacción está en una fase inicial y su futuro es incierto.

La adquisición de las 15 plantas de energía eléctrica de Iberdrola por parte de Cox Energy se financiará con un crédito otorgado por la propia Iberdrola. La empresa española de Enrique Riquelme carece de la solvencia para desembolsar los 4,200 millones de dólares acordados, aportando apenas 40 millones de dólares de sus fondos. Iberdrola, liderada por Juan Ignacio Sánchez Galán, financiará inicialmente la adquisición, buscando posteriormente la participación de las afores, replicando el modelo utilizado en la venta del primer tranche de 13 plantas con la participación de México Infrastructure Partners (MIP). Barclays, bajo la dirección de Raúl Martínez-Ostos, participa en el diseño del mecanismo financiero.

Finalmente, en el ámbito social, Seguritech, empresa líder en seguridad, se une a la Fundación en Movimiento (FEM) en la lucha contra el bullying, un problema silencioso y devastador. El Método FEM, con herramientas y programas para estudiantes, padres y docentes, ha beneficiado a escuelas de todo el país en la prevención, identificación y erradicación del acoso escolar. Seguritech también ha apoyado el talento mexicano, como en el caso de Elvis Andrés Ayala, joven oaxaqueño que desarrolló un sistema semiautónomo de captura de imágenes, facilitando su viaje a la NASA para continuar con su proyecto.