La interconexión global que nos brinda Internet, tejida por una compleja infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra sociedad. Su valor es innegable, pero su naturaleza transnacional la coloca en un espacio ambiguo, ajeno a la soberanía de los estados y dependiente de un entramado de empresas que fabrican los dispositivos que la hacen posible. Esta particularidad genera una pregunta crucial: ¿quién debe gobernar el ciberespacio y bajo qué principios? Un debate que resuena con fuerza en los pasillos de las Naciones Unidas desde 1998.

La búsqueda de un consenso global en materia de ciberseguridad no ha sido sencilla. Diversidad de legislaciones y enfoques nacionales han obstaculizado las iniciativas previas, evidenciando la urgencia de un marco regulatorio internacional. En este contexto, la Asamblea General de la ONU estableció en 2021 el Grupo Abierto de Trabajo sobre seguridad y el uso de las tecnologías de la información (OEWG), un espacio de diálogo crucial para abordar los retos y oportunidades que presentan las TIC. Las reuniones, presenciales y virtuales, del OEWG se han centrado en un punto especialmente sensible: la gobernanza digital y del Internet.

Dos visiones contrapuestas dominan el debate. Por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados promueven un modelo basado en la libertad de expresión y las reglas del mercado. Su enfoque busca garantizar la interoperabilidad, el libre acceso y el óptimo funcionamiento de la red. Por otro lado, China, Rusia y varios países del sur global defienden una gobernanza gestionada por una autoridad multilateral vinculada a la ONU. Esta divergencia refleja las tensiones geopolíticas que se proyectan en el ciberespacio.

Tras años de intensas discusiones, el OEWG culminó su última sesión en julio con la aprobación del Informe Final, un documento que, aunque no aborda todos los temas en profundidad, representa un avance significativo hacia la definición de un comportamiento responsable de los estados en el ámbito digital. Este informe, que será revisado por la Asamblea General a finales de año, reconoce la creciente amenaza del uso malicioso de las tecnologías digitales por parte de actores estatales y no estatales, reafirma la aplicabilidad de la Carta de la ONU y el derecho internacional en el ciberespacio, y destaca la importancia del fortalecimiento de capacidades para reducir la brecha digital y aumentar la resiliencia frente a las ciberamenazas.

La ausencia de un acuerdo sobre la gobernanza del ciberespacio era previsible, pero la importancia política del Informe Final no debe subestimarse. El OEWG insta a los estados a mantener el diálogo, a analizar las amenazas presentes y futuras, y a fortalecer la cooperación para garantizar el cumplimiento del marco de comportamiento responsable acordado. En un escenario donde la velocidad de los avances tecnológicos supera la capacidad de respuesta de la diplomacia, y donde las tensiones geopolíticas amenazan con fragmentar el ciberespacio, cualquier consenso global, por pequeño que parezca, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia futuras negociaciones. Este informe es un primer paso, una base sobre la cual construir un ciberespacio más seguro y estable para todos. La tarea que tenemos por delante es monumental, pero el compromiso con el diálogo y la cooperación internacional nos ofrece una esperanza tangible en este complejo escenario digital. La seguridad y el futuro del internet dependen de ello.