El sol caía a plomo sobre Los Reyes La Paz, ese 28 de julio de 2025. El aire, denso y caliente, parecía vibrar con la tragedia que se cernía sobre Nohemí. Mil pesos. Una cantidad insignificante para muchos, pero para ella, una madre soltera con discapacidad, representaba la línea tenue entre la supervivencia y el abismo. Mil pesos que le prestaron sus vecinas, Ana y Lilia, mil pesos que se convirtieron en la condena de muerte de su pequeño Fernando. ¿Cómo es posible que en un país que se jacta de su progreso, una vida pueda valer tan poco? ¿Cómo es posible que la desesperación lleve a actos tan atroces, tan inhumanos? La imagen de esas dos mujeres, arrebatando al niño de los brazos de su madre, se me graba en la memoria, un recordatorio brutal de la crudeza de la realidad que muchos preferimos ignorar.

Nohemí, sola y desamparada, tocó las puertas de la justicia, solo para encontrarlas cerradas. El peregrinar por las agencias del Ministerio Público, la burocracia implacable, la indolencia de quienes deberían velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, se convirtieron en un nuevo suplicio. Las palabras huecas, los trámites interminables, el "vuelva mañana", la revictimización constante, son la respuesta habitual para quienes buscan justicia en un sistema que parece diseñado para proteger a los victimarios. ¿Dónde estaba la fiscalía, encabezada por Elohim Díaz, un hombre con supuesta experiencia en el combate al crimen organizado? ¿Por qué no se activaron los protocolos de atención a víctimas? La respuesta es dolorosa, vergonzosa: estaban ocupados en otra cosa, en asuntos más importantes, mientras la vida de Fernando se apagaba.

El hedor a muerte guió a los investigadores hasta el horror. El pequeño cuerpo de Fernando, encerrado en bolsas de plástico, un golpe en la cabeza, un martillo… la brutalidad del acto contrasta con la inocencia de una vida truncada. La pregunta que nos martilla la conciencia es: ¿Qué hubiera pasado si la fiscalía hubiera actuado con prontitud? Quizás, solo quizás, esas bolsas hubieran contenido basura, no los restos de un niño de cinco años.

Ahora, tres personas esperan la continuación de su audiencia inicial. Vendrán las vinculaciones a proceso, la prisión preventiva, los discursos grandilocuentes sobre el "golpe a la delincuencia". Pero todo eso llega tarde, demasiado tarde para Fernando. La justicia, una vez más, llega cojeando, tropezando sobre su propia ineficiencia. Mientras tanto, en los pasillos del poder, se discuten minucias, se malgastan recursos, se ignora el clamor de las víctimas. La indignación me ahoga. ¿Cómo es posible que mientras una madre enterraba a su hijo, algunos funcionarios se preocupaban por el precio de un reloj?

La historia de Fernando no es un caso aislado, es el reflejo de un país donde la pobreza no solo mata, sino que humilla, arrebata y condena al olvido. Es la historia de un sistema que falla a quienes más lo necesitan, un sistema que perpetúa la desigualdad y la injusticia. Ojalá, algún día, dejemos de ser cómplices con nuestra indiferencia. Ojalá, algún día, la justicia deje de ser una palabra vacía y se convierta en una realidad para todos.

Y mientras reflexionamos sobre la tragedia de Fernando, nos llega la noticia de la intromisión estadounidense en nuestra lucha contra el crimen organizado. Sin pedir permiso, imponen sus medidas, retirando visas y bloqueando cuentas. Parece que la información más valiosa no proviene de los capos detenidos, sino de opositores que buscan inmunidad. Un juego de poder que deja un sabor amargo en la boca.

En contraste con la oscuridad de estas noticias, me reconforta volver a las aulas de la UNAM, a compartir mi conocimiento con las nuevas generaciones de abogados. Ellos, con su idealismo y su compromiso, representan la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde la justicia sea una realidad para todos.