La tragedia de Fernandito, un pequeño de tan solo cinco años, ha conmocionado a la nación y ha puesto bajo la lupa la actuación de las autoridades del Estado de México. El dolor que embarga a la familia es inimaginable, y la pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿cómo pudo suceder esto? La presunta causa, una deuda de mil pesos que su madre no pudo saldar, nos deja perplejos ante la crueldad que puede existir en el mundo. Mil pesos, una cantidad que para muchos puede ser insignificante, se convirtió en el precio de la vida de un niño inocente.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reflejan la indignación y la necesidad de respuestas. La investigación en curso por parte de la Fiscalía del Estado de México deberá esclarecer por qué no se brindó la atención oportuna a la madre de Fernandito cuando solicitó ayuda. ¿Hubo negligencia? ¿Desidia? ¿Indiferencia? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes. La sociedad necesita saber qué falló en el sistema para que una tragedia como esta pudiera ocurrir.

La búsqueda de justicia para Fernandito no solo implica encontrar a los responsables directos de su muerte, sino también identificar las fallas estructurales que permitieron que su caso no recibiera la atención debida. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: es fundamental que se implementen cambios en la Fiscalía para evitar que esta historia se repita. No podemos permitir que la burocracia, la falta de recursos o la simple indolencia se interpongan entre la ciudadanía y su derecho a la protección.

El apoyo que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch han brindado a la familia de Fernandito es un gesto de solidaridad importante en estos momentos de profundo dolor. Sin embargo, más allá del acompañamiento emocional y material, se requiere una acción contundente para que este caso no quede impune y se traduzca en una verdadera transformación del sistema.

La consternación que ha generado la muerte de Fernandito no debe ser en vano. Es un llamado a la reflexión, a la acción y a la exigencia de un sistema de justicia que proteja a los más vulnerables. La vida de un niño no puede tener precio, y mucho menos un precio tan bajo como mil pesos. Este caso debe servir como un punto de inflexión para fortalecer las instituciones y garantizar que ninguna madre que pida ayuda sea ignorada. Es un imperativo ético y moral que nos obliga a construir un país donde la infancia sea protegida y valorada, donde la vida de cada niño sea considerada un tesoro invaluable. La memoria de Fernandito debe ser un recordatorio constante de esta responsabilidad. Su ausencia nos interpela a todos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir? La respuesta está en nuestras manos.