En México, el acceso a un saneamiento adecuado sigue siendo un desafío. Millones de familias, alejadas de las redes de drenaje municipales, dependen de alternativas como las fosas sépticas, que a menudo resultan costosas, difíciles de mantener y potencialmente contaminantes. Este panorama subraya la urgente necesidad de soluciones innovadoras y accesibles para el tratamiento de aguas residuales, especialmente en zonas rurales y marginadas. Afortunadamente, empresas como Rotoplas, liderada por Carlos Rojas, están dando un paso al frente con el desarrollo e implementación de biodigestores. Estos dispositivos, que no requieren complejas obras civiles y pueden instalarse en cuestión de horas, se presentan como una alternativa viable y eficiente para el manejo de aguas residuales.

Más allá de la ingeniería, el verdadero impacto de los biodigestores radica en su contribución al bienestar social y la preservación del medio ambiente. Desde 2021, más de 1.2 millones de personas se han beneficiado de esta tecnología, reduciendo los riesgos de enfermedades y la contaminación de fuentes hídricas. La adaptabilidad de los biodigestores es otro punto a destacar, ya que pueden atender desde familias pequeñas hasta grupos de 45 personas, siendo una solución ideal para viviendas, comercios y escuelas en áreas rurales.

El Biodigestor Plus, por ejemplo, no sólo cumple con la normativa vigente (NOM-006-CONAGUA-1997), sino que también incorpora mejoras significativas que aumentan su eficiencia en la eliminación de contaminantes. Innovaciones como los biocarrieres, estructuras que albergan microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica, y un reductor de turbulencia con registro ante el IMPI, son prueba del compromiso de Rotoplas con la calidad y la innovación. Esta apuesta por la tecnología de vanguardia no solo beneficia a los usuarios finales, sino que también contribuye a la creación de un futuro más sostenible.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la problemática del acceso a la vivienda toma un giro diferente. Los "Diálogos de Ciudad contra la Gentrificación", impulsados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, abren un espacio para el debate y la búsqueda de soluciones en torno al impacto de las plataformas de alojamiento. La participación directa de los anfitriones, quienes han visto afectados sus ingresos por las nuevas regulaciones, es fundamental en este proceso.

Estos anfitriones, en su mayoría individuos que alquilan sus propiedades a corto plazo, argumentan que no deben ser tratados como grandes inversores inmobiliarios. Su actividad, señalan, contribuye a la economía local y ofrece opciones de alojamiento accesibles para visitantes de diversos perfiles, incluso fuera de las zonas turísticas tradicionales. El temor a ser sometidos a las mismas regulaciones que los grandes edificios pone en riesgo su sustento y, en consecuencia, el dinamismo del sector.

El gobierno de la Ciudad de México enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre la regulación del mercado inmobiliario y la protección de los derechos e intereses de los pequeños propietarios. El diálogo y la búsqueda de consensos son cruciales para la formulación de políticas a largo plazo que promuevan un desarrollo urbano justo y sostenible. La participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo a los anfitriones de plataformas de alojamiento, es esencial para alcanzar soluciones que beneficien a la comunidad en su conjunto.