En un mundo hiperconectado, la imagen de comunidades indígenas aisladas, sin acceso a internet, telefonía y materiales educativos o de salud en su propia lengua, resulta casi inverosímil. Pero la realidad, a menudo cruda e implacable, nos muestra que esta desconexión digital es solo la punta del iceberg. La verdadera tragedia se esconde en la falta de acceso a información fundamental: el desconocimiento de sus derechos, la vulnerabilidad ante el robo de datos personales y la exposición a peligros como la trata de personas. Esta falta de acceso a la información no es una simple carencia, es una forma profunda de exclusión que perpetúa un ciclo de desigualdad y vulnerabilidad.

Imaginemos por un momento la impotencia de no poder acceder a información vital sobre salud, educación o, simplemente, sobre los derechos que les corresponden como ciudadanos. Imaginemos la angustia de no comprender las implicaciones de compartir datos personales y la facilidad con la que pueden ser víctimas de fraudes o engaños. Esta es la realidad que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país, una realidad que clama por una solución urgente y efectiva.

La ONU, a través de la UNODC, ha alertado sobre la vulnerabilidad de estos pueblos, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, ante la trata de personas, la explotación laboral y la violencia sexual. La falta de información se convierte, en este contexto, en un caldo de cultivo para la impunidad. Los engaños y las falsas promesas se aprovechan de la necesidad y la desinformación, atrapando a personas inocentes en redes de explotación de las que les resulta extremadamente difícil escapar. No podemos permitir que la falta de acceso a la información se convierta en una condena para estas comunidades.

Es imperativo impulsar y fortalecer los mecanismos que garanticen el derecho a la información de los pueblos indígenas. No se trata solo de proporcionar acceso a internet o a teléfonos móviles, se trata de generar contenidos relevantes en sus propias lenguas, de facilitar el acceso a la educación y a la información que les permita defenderse y tomar decisiones informadas. Se trata, en definitiva, de empoderar a estas comunidades para que puedan construir un futuro digno y justo.

Recordamos con nostalgia la labor del extinto INAI y su compromiso con las comunidades indígenas. Programas como "PROSEDE", con intérpretes en diversas lenguas y visitas directas a las comunidades, representaban un rayo de esperanza en la lucha contra la desinformación. La adaptación de las leyes de acceso a la información y la creación de formatos en lenguas indígenas eran herramientas clave para proteger sus derechos y evitar el robo de sus datos personales. Hoy, la ausencia de estas iniciativas deja un vacío preocupante en el nuevo modelo de transparencia.

La trata de personas no es un simple delito, es una aberración que atenta contra la dignidad humana. Prevenir, informar, proteger y sancionar son acciones indispensables, pero la clave reside en empoderar a los pueblos indígenas, dotándolos del conocimiento y las herramientas necesarias para defenderse. Solo así podremos cerrar la brecha de vulnerabilidad que los mantiene en la marginación.

Finalmente, es crucial exigir transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a los pueblos indígenas. ¿Dónde están los resultados? ¿Cómo se están utilizando estos fondos? La rendición de cuentas es fundamental para garantizar que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y se utilicen de manera efectiva para mejorar sus condiciones de vida. Informar es proteger. Informar es dignidad. No podemos permitir que la falta de información siga condenando a las comunidades indígenas a la exclusión y la vulnerabilidad.