La realidad económica de Latinoamérica se construye sobre cimientos invisibles: el trabajo no remunerado de millones de mujeres. Mientras los indicadores macroeconómicos brillan y los discursos políticos celebran el progreso, una gran parte de la población, la femenina, sigue sosteniendo la economía doméstica y, por extensión, la nacional, sin que este esfuerzo titánico se vea reflejado en las estadísticas ni en sus bolsillos. Imaginemos por un instante qué pasaría si todas las mujeres de Latinoamérica dejaran de realizar las tareas del hogar, el cuidado de niños y ancianos, la gestión de la economía familiar. El sistema, tal y como lo conocemos, colapsaría. Este trabajo invisible, tradicionalmente relegado al ámbito privado y considerado una “obligación natural” de la mujer, es en realidad el motor silencioso que permite el funcionamiento de la sociedad. La CEPAL ha sido clara: la incorporación del valor económico de este trabajo no remunerado dispararía el PIB de nuestros países, revelando la verdadera magnitud del aporte femenino. No se trata de una cuestión de altruismo o de roles de género preestablecidos, sino de una injusticia económica flagrante que perpetúa la desigualdad y limita el potencial de desarrollo de la región.

Pero la desigualdad no se limita al ámbito doméstico. La brecha salarial, ese monstruo silencioso que roba a las mujeres una parte de sus ingresos por el simple hecho de ser mujeres, sigue siendo una realidad lacerante en Latinoamérica. Ganar un 17% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo no es una casualidad, es una discriminación sistemática que se disfraza de “libre mercado”. Y si a la variable de género le sumamos la pertenencia a una minoría étnica o la residencia en zonas rurales, la brecha se ensancha aún más, convirtiéndose en un abismo insalvable para muchas. La falta de acceso a la educación de calidad y a oportunidades de desarrollo profesional agrava la situación, perpetuando un ciclo de pobreza y dependencia.

No se trata de falta de talento o de capacidad, sino de un sistema que históricamente ha relegado a las mujeres a roles secundarios, negándoles el acceso a los mismos recursos y oportunidades que los hombres. El Banco Mundial lo ha confirmado: cerrar la brecha de género tendría un impacto positivo no solo en la vida de las mujeres, sino en la economía de toda la región, con un aumento del PIB de hasta un 14%. ¿Por qué, entonces, seguimos postergando las soluciones? ¿Por qué la igualdad de género se trata como un tema secundario, un asunto de “agenda social” y no como la prioridad económica que es?

Las soluciones no son un misterio. Requieren, eso sí, de voluntad política y de una transformación profunda de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Necesitamos leyes que garanticen la igualdad salarial, con mecanismos de supervisión y sanciones reales para las empresas que discriminen. Es imprescindible invertir masivamente en servicios de cuidado infantil y de personas mayores, para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral sin tener que renunciar a su vida familiar. El acceso a financiamiento, sin discriminación por género, edad o ubicación geográfica, es crucial para el empoderamiento económico de las mujeres. Y, por supuesto, necesitamos paridad en la toma de decisiones, no como una cuota simbólica, sino como una condición indispensable para construir un sistema económico justo e inclusivo.

La pregunta no es si Latinoamérica puede permitirse integrar plenamente a las mujeres en la economía. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que un sistema injusto se lucre del trabajo de las mujeres sin reconocer su valor? La paciencia, como los recursos, tiene un límite. Y las mujeres de Latinoamérica están listas para exigir el cambio.