La sombra del huachicol vuelve a cernirse sobre Hidalgo. El penetrante olor a combustible, ese fantasma que se ha vuelto demasiado familiar en algunas regiones, alertó a los vecinos de la colonia Santiago Tlapacoya, en Pachuca. Una llamada anónima, un gesto valiente en un contexto a menudo dominado por el miedo, desató un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Guardia Nacional. El resultado: una toma clandestina desmantelada y más de 20,000 litros de hidrocarburo recuperados, una victoria en la interminable batalla contra el robo de combustible.

Aunque en esta ocasión los responsables lograron evadir a las autoridades, dejando atrás un escenario fantasmal de mangueras y bidones abandonados, el decomiso representa un golpe significativo. La Fiscalía General de la República (FGR) ya ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, con la esperanza de desentrañar la red criminal que opera tras bambalinas. Mientras tanto, la vigilancia en la zona se ha intensificado, un intento por disuadir futuras intrusiones en la red de ductos subterráneos de Pemex, arterias vitales para la economía del país.

La noticia, sin embargo, llega en un momento especialmente sensible. Las cifras de Pemex son contundentes: Hidalgo lidera el vergonzoso ranking nacional de tomas clandestinas en el primer trimestre del año, con la escalofriante cifra de 610 perforaciones ilegales. Un número que deja atrás a estados tradicionalmente asociados con este delito, como Jalisco y Tamaulipas, y que enciende las alarmas sobre la magnitud del problema en la entidad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma la tendencia: 225 carpetas de investigación por robo de hidrocarburo en los primeros cuatro meses del año, colocando a Hidalgo en la incómoda primera posición a nivel nacional.

¿Qué hay detrás de estas cifras? La respuesta es compleja, un entramado de factores que van desde la pobreza y la falta de oportunidades, hasta la colusión de autoridades y la presencia de poderosas organizaciones criminales. El Secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, ha señalado la existencia de al menos siete grupos delictivos que se disputan el control del territorio y el lucrativo negocio del huachicol en los 35 municipios considerados prioritarios por su conexión con la red de distribución de combustible.

La lucha contra el huachicol es una carrera contrarreloj. Cada toma clandestina representa no solo una pérdida millonaria para Pemex, sino también un grave riesgo ambiental y para la seguridad de las comunidades. Las fugas de combustible contaminan el suelo, el agua y el aire, poniendo en peligro la salud de la población. Además, la actividad ilícita genera violencia y desestabiliza el tejido social, creando un clima de miedo e impunidad.

Es urgente fortalecer las estrategias de seguridad, implementar medidas más efectivas de prevención y persecución del delito, y sobre todo, atacar las raíces del problema: la desigualdad social y la falta de oportunidades que empujan a algunos a involucrarse en estas actividades ilícitas. La colaboración ciudadana, como la que se dio en Santiago Tlapacoya, es fundamental para ganar esta batalla. Solo a través de un esfuerzo conjunto, entre autoridades, sociedad civil y empresas, podremos erradicar el huachicol y construir un futuro más seguro y próspero para Hidalgo.