El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de las familias mexicanas, esta vez a través del implacable aumento en el precio de la gasolina. Por decimoctava semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido mantener intactos los impuestos sobre la gasolina Magna, Premium y Diésel, obligando a los consumidores a absorber el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este golpe al presupuesto familiar, que se extiende del 9 al 15 de agosto de 2025, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se suma a la ya compleja situación económica que enfrentan muchos hogares.

Si bien el ligero incremento de un centavo en la gasolina Premium y Magna, registrado este lunes 11 de agosto de 2025, según PETROIntelligence, podría parecer insignificante a simple vista, la acumulación de estas pequeñas subidas, semana tras semana, sin el alivio del estímulo fiscal, genera un impacto considerable a largo plazo. Imaginemos el efecto multiplicador en quienes utilizan su vehículo diariamente para trabajar, transportar a sus familias o simplemente realizar sus actividades cotidianas. Cada centavo de más representa una merma en la capacidad adquisitiva, una renuncia a otros bienes y servicios esenciales, y una creciente preocupación por el futuro económico familiar.

La leve disminución de un centavo en el precio del Diésel, aunque bienvenida, no compensa la carga impositiva que continúa afectando a transportistas y empresas, impactando indirectamente en el precio final de los productos que llegan a nuestras mesas. Mientras tanto, el gas natural vehicular, que se mantiene sin cambios en su costo, ofrece una alternativa, pero su disponibilidad y la adaptación de los vehículos representan una barrera para muchos.

La variabilidad regional en los precios de la gasolina añade otra capa de complejidad al panorama. Mientras en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, los precios fluctúan (y solicitamos a nuestros lectores consultar las fuentes oficiales para obtener la información actualizada), la realidad es que la tendencia al alza se replica en gran parte del territorio nacional. Esta disparidad geográfica refleja las diferencias en los costos de distribución y la infraestructura, pero también subraya la necesidad de una política energética que considere las particularidades de cada región y garantice un acceso equitativo a los combustibles.

Ante este escenario, la labor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se vuelve crucial. Su programa permanente de verificación en estaciones de servicio a lo largo del país ofrece una garantía de control y transparencia, protegiendo a los consumidores de posibles abusos y asegurando la correcta aplicación de las normas. Sin embargo, más allá de la vigilancia, se requiere una reflexión profunda sobre la política fiscal en materia de combustibles y su impacto en la economía familiar. ¿Es sostenible mantener la carga impositiva al 100% en un contexto de inestabilidad económica? ¿Qué medidas se pueden implementar para mitigar el impacto en los bolsillos de los mexicanos?

La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero el debate es urgente. Mientras tanto, las familias mexicanas continúan haciendo malabares con su presupuesto, sintiendo el peso de cada centavo de más en el precio de la gasolina y esperando soluciones que alivien la presión sobre su economía.