La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la participación de figuras como Pablo Gómez y Rosa Icela Rodríguez, abre un capítulo crucial en la historia democrática de México. Este ambicioso proyecto busca, no debilitar, sino fortalecer la democracia mexicana, poniendo la voluntad popular en el centro y atendiendo problemáticas históricas que han lastrado la verdadera representatividad.

El elefante en la habitación, y uno de los principales focos de la reforma, es el exorbitante costo de las elecciones en México. Nos encontramos entre los países que más gastan en procesos electorales, una cifra que alcanza miles de millones de pesos. ¿Es justificable este gasto? ¿Refleja realmente la eficiencia del sistema o, por el contrario, sostiene una burocracia pesada e innecesaria? La comisión se plantea la difícil tarea de optimizar los recursos, apostando por la austeridad y la modernización sin sacrificar la confiabilidad del proceso. Imaginen la cantidad de recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura si logramos un sistema electoral más eficiente.

Otro aspecto crucial es la revisión del modelo de representación proporcional. Si bien en teoría busca garantizar la pluralidad, en la práctica ha permitido que las cúpulas partidistas controlen el acceso al Congreso, colocando a individuos en las listas sin una conexión real con la ciudadanía. Este sistema, lejos de representar la voluntad popular, termina representando los intereses de los partidos. La reforma busca modificar este esquema para vincular directamente la representación proporcional con el voto ciudadano, dándole voz a quienes realmente merecen ser escuchados.

Ligado a lo anterior está la problemática de la representación de las minorías. A pesar de que la representación proporcional se diseñó, en parte, para dar voz a estos sectores, la realidad es que las dirigencias partidistas siguen teniendo la última palabra, limitando la auténtica pluralidad y diversidad de voces en el Congreso. La reforma busca mecanismos para que las minorías tengan una representación genuina, reflejando la riqueza y complejidad de la sociedad mexicana.

El financiamiento público a los partidos políticos es otro punto álgido. Si bien se justifica para evitar la dependencia de intereses privados, las cifras actuales son astronómicas, permitiendo la creación de burocracias partidistas que poco aportan a la democracia. La comisión propone un rediseño del financiamiento para liberar recursos y destinarlos a áreas prioritarias, sin comprometer la independencia de los partidos. Se trata de encontrar un equilibrio entre la autonomía y la rendición de cuentas, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente.

Finalmente, la autonomía del INE, un pilar fundamental de nuestra democracia, debe mantenerse. Sin embargo, la autonomía no puede ser sinónimo de impunidad. Debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas y una mayor cercanía con la ciudadanía. La reforma busca fortalecer al INE, no debilitarlo, convirtiéndolo en una institución más transparente, eficiente y cercana a la gente.

En resumen, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene la oportunidad histórica de transformar el sistema electoral mexicano, haciéndolo más justo, eficiente, representativo y, sobre todo, más democrático. No se trata de una tarea sencilla, pero el objetivo final es claro: devolver el poder a la ciudadanía y construir un México donde la voz de todos sea escuchada.