La creciente tensión en la relación México-Estados Unidos nos obliga a mirar más allá de las concesiones públicas y analizar la verdadera naturaleza de la estrategia estadounidense. La administración Trump, con su estilo de presión constante, busca explotar las vulnerabilidades percibidas, creyendo obtener victorias a corto plazo. Sin embargo, esta táctica podría ser un arma de doble filo. Muchos países, ante la presión, optan por una estrategia de ganar tiempo, esperando un cambio en el panorama político estadounidense y reorientando sus economías.

Las acciones de la administración Trump, lejos de ser un factor aislado, han acelerado procesos de transformación en la economía global. Nos encontramos en la era de la escasez, donde la gestión responsable de los recursos es crucial. La explotación desmedida, impulsada por intereses particulares, nos expone a riesgos sistémicos: pandemias, desastres naturales, inestabilidad política y el auge de la ilegalidad. La impredictibilidad de las acciones estadounidenses dificulta la gestión negociada de estos procesos, aumentando la incertidumbre global.

En el ámbito interno estadounidense, la política de Trump no goza de un apoyo monolítico. Sectores que lo apoyaron, como la comunidad latina, muestran signos de descontento. El discurso incendiariamente antimexicano, especialmente en regiones con una creciente población de origen mexicano, como el norte de Texas, genera tensiones y divisiones. La estrategia de Trump hacia México parece apuntar al control de los flujos migratorios, los recursos naturales y la seguridad fronteriza, instrumentalizando a México como un escudo contra la migración y el lavado de dinero. Este enfoque, con raíces en un pensamiento racista y conservador, contrasta con el breve periodo de integración que vivimos tras la firma del TLCAN en 1994. ¿Será que ese periodo fue una excepción a la regla y no la norma en la relación bilateral?

El tema del narcotráfico se utiliza constantemente como arma arrojadiza. Sin embargo, la responsabilidad compartida parece ser una preocupación unilateral de México. Si se eliminara la exportación de fentanilo desde México, ¿qué alternativa tendría Estados Unidos? ¿Se volvería autosuficiente, como en el caso de la marihuana? Esta situación pondría a prueba la validez de los argumentos a favor de la legalización. ¿Y qué pasaría con agencias como la DEA si desapareciera su razón de ser? La burocracia, por naturaleza, tiende a transformarse en lugar de desaparecer. Lo mismo ocurre con la ICE. ¿Qué nuevas amenazas inventarán para justificar su existencia ante un cambio de políticas migratorias?

En México, a menudo se percibe la demanda de drogas y mano de obra barata como fenómenos externos, ajenos a nuestra realidad. Se atribuyen al mercado estadounidense y a las decisiones individuales de los mexicanos que participan en estos mercados. Esta visión, que nos coloca en una posición de falsa inocencia, es un grave error.

Tanto en el tema migratorio como en el del narcotráfico, México necesita una estrategia a largo plazo que confronte las iniciativas estadounidenses, transfiera la responsabilidad compartida a Estados Unidos y asuma el costo interno de reconocer que estos fenómenos no son marginales, sino que requieren políticas públicas integrales y un firme compromiso con el restablecimiento del Estado de Derecho. Debemos dejar de ser reactivos y comenzar a ser proactivos en la defensa de nuestros intereses nacionales. El futuro de la relación bilateral depende de ello.