La sombra de la pandemia de COVID-19 sigue extendiéndose, revelando nuevas capas de negligencia y poniendo en evidencia la fragilidad de la confianza depositada en las grandes corporaciones. El caso de Philips y sus respiradores defectuosos es un ejemplo escalofriante de cómo la búsqueda de beneficios puede anteponerse a la salud e incluso a la vida de las personas. Imaginen la angustia de quienes, en el momento más vulnerable de sus vidas, dependían de estos aparatos para respirar, solo para descubrir que, en lugar de alivio, recibían una sentencia de muerte lenta e invisible.

La degradación de los respiradores, liberando micropartículas directamente a los pulmones de los pacientes, es una imagen que perturba la conciencia. Estas partículas, según la denuncia del abogado Eduardo Fuentes, son las responsables de causar cáncer y otras afecciones respiratorias graves. A esto se suma la falla en el funcionamiento de algunos modelos, que simplemente se apagaban, dejando a los pacientes sin el soporte vital que necesitaban. La respuesta de la empresa, según el abogado, fue atribuir estos fallecimientos a paros cardíacos, ocultando así la verdadera causa y evadiendo su responsabilidad.

La magnitud de esta tragedia se refleja en la demanda colectiva que se está preparando, con más de 150 demandantes, incluyendo víctimas, familiares, representantes legales y centros hospitalarios. La cifra de 30 millones de pesos que se busca como indemnización, si bien considerable, palidece ante el dolor irreparable causado por la pérdida de vidas y el sufrimiento de quienes luchan contra las secuelas de estos aparatos defectuosos.

Lo más indignante es que Philips, a pesar de tener conocimiento de estos problemas, no retiró los respiradores del mercado mexicano. Mientras en Estados Unidos se negociaba una indemnización millonaria y se retiraban los equipos, en México se permitía su distribución, exponiendo a la población a un riesgo innecesario. Esta discrepancia en el manejo de la crisis plantea serias interrogantes sobre la protección que se brinda a los consumidores en nuestro país y la capacidad de las autoridades para regular a las grandes empresas transnacionales.

La detención del CEO de Philips, Marc Duocastella, por no presentarse a una audiencia relacionada con el caso, aunque breve, es una muestra de la gravedad de las acusaciones y la presión que se está ejerciendo sobre la compañía. Sin embargo, la posterior liberación del ejecutivo y la lenta respuesta de Philips en la retirada de los equipos, sin ofrecer reemplazos adecuados, dejan la sensación de que la justicia aún está lejos de alcanzarse.

La valentía del abogado Eduardo Fuentes al liderar esta demanda colectiva contra una multinacional del tamaño de Philips es admirable. Su convicción en la victoria y su llamado a que más afectados se sumen a la causa, a través de una página web dedicada al caso, son un rayo de esperanza para quienes buscan justicia y reparación. Si esta demanda prospera, sentaría un precedente histórico en México, demostrando que ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley y que la vida y la salud de las personas son invaluables.

El caso de los respiradores de Philips nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de una mayor transparencia y regulación en el sector salud. Es imperativo que las autoridades garanticen la seguridad de los productos médicos que se comercializan en el país y que las empresas asuman la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Solo así podremos evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. La lucha por la justicia apenas comienza, y el resultado de esta demanda colectiva marcará un hito en la defensa de los derechos de los consumidores mexicanos.