La sobrepoblación carcelaria en México no es un fenómeno nuevo, pero la reciente crisis ha encendido las alarmas a nivel nacional. Imaginen más de 23,000 personas viviendo en condiciones de hacinamiento, un caldo de cultivo para la violencia, la enfermedad y la deshumanización. Las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional pintan un panorama desolador: un aumento del 83.09% en la sobrepoblación solo en el primer semestre del año. Este incremento no es un simple número, representa miles de historias de personas atrapadas en un sistema que, en muchos casos, lejos de rehabilitar, perpetúa ciclos de violencia y marginalización.

Mientras los penales estatales se ahogan con una ocupación del 107%, los federales operan con un respiro, al 73.4% de su capacidad. Esta disparidad revela una falla estructural en el sistema. ¿Por qué las cárceles estatales, que albergan a la mayoría de la población penitenciaria, se encuentran en un estado de colapso? La respuesta es compleja y multifactorial, abarcando desde la falta de recursos y personal capacitado, hasta la ineficiencia en los procesos judiciales y la prevalencia de la prisión preventiva como regla, no como excepción.

El motín en Tuxpan, Veracruz, con su saldo trágico de ocho muertos, es un crudo recordatorio de las consecuencias de la sobrepoblación y la falta de control en los centros penitenciarios. Ante esta situación, el gobierno federal ha propuesto el traslado de reclusos a centros federales como una medida para aliviar la presión sobre las cárceles estatales. Sin embargo, esta estrategia plantea interrogantes cruciales: ¿cuántos traslados son realmente factibles? ¿qué criterios se utilizarán para seleccionar a los reclusos? ¿cómo se garantizará la seguridad y el respeto a los derechos humanos durante el proceso?

Si bien la construcción de nuevos centros penitenciarios, como el de Papantla, Veracruz, y la modernización de los existentes, como el Cereso de San Luis Potosí, son pasos importantes, no son la solución definitiva. La inversión en infraestructura debe ir acompañada de una profunda reforma del sistema de justicia penal. Es necesario repensar el uso excesivo de la prisión preventiva, impulsar alternativas a la cárcel para delitos menores y fortalecer los programas de reinserción social. De lo contrario, estaremos construyendo más cárceles para albergar a más personas, sin atacar la raíz del problema.

El caso del Cefereso No. 16 Femenil en Morelos, con sus espacios adaptados para madres con hijos, es un ejemplo de que es posible humanizar el sistema penitenciario. Es necesario replicar este tipo de iniciativas, priorizando la salud mental, la educación y la capacitación laboral de los reclusos, para que puedan reintegrarse a la sociedad de manera productiva. La tecnología también juega un papel importante, como lo demuestra el Cefereso No. 18 en Coahuila, con su sistema de seguridad de última generación. Sin embargo, la tecnología no debe ser un sustituto de la humanidad. Es fundamental capacitar al personal penitenciario en el uso responsable de estas herramientas y garantizar que se respeten los derechos de los reclusos.

En conclusión, la crisis penitenciaria en México exige una respuesta integral que vaya más allá de la construcción de nuevas cárceles. Se necesita una visión a largo plazo que priorice la prevención del delito, la reforma del sistema de justicia y la reinserción social. Solo así podremos romper el ciclo de violencia y construir una sociedad más justa y segura para todos.