La creciente ola de condenas internacionales contra el Estado mexicano por la persecución política del senador Alejandro Moreno Cárdenas ha puesto al descubierto una profunda crisis institucional que amenaza con desbordar las fronteras nacionales. No se trata de un incidente aislado, sino de un síntoma preocupante de un malestar democrático que se extiende por el país. La comunidad internacional observa con inquietud cómo se desdibujan los límites del poder y se instrumentaliza la justicia para silenciar a las voces disidentes.

El comunicado emitido por la COPPPAL no es una simple declaración, es un grito de alerta que resuena en los pasillos del poder y exige una respuesta inmediata. La denuncia formulada por partidos políticos de la región, desde Perú hasta Venezuela, dibuja un panorama sombrío donde la persecución política se convierte en la norma y el Estado de Derecho se ve socavado por intereses particulares. No podemos permanecer indiferentes ante el testimonio de estas naciones hermanas que han sufrido en carne propia las consecuencias de regímenes autoritarios.

La figura de Alejandro Moreno Cárdenas trasciende el ámbito nacional. Como presidente de la COPPPAL, representa la voz de los partidos progresistas y socialdemócratas de América Latina, una voz que ahora se intenta acallar. El acoso sistemático que denuncia, respaldado por la evidencia presentada por Gerardo Morris Abarca, del APRA, no solo atenta contra su integridad personal, sino contra los principios fundamentales de la democracia y el pluralismo político. Es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la participación política, pilares esenciales de cualquier sociedad que se precie de ser libre.

El "lawfare", esa perversa estrategia de guerra jurídica que busca destruir al adversario político mediante la manipulación del sistema judicial, se ha convertido en una herramienta ominosa en manos del poder. No solo se persigue al senador Moreno Cárdenas, sino a todo aquel que ose cuestionar la narrativa oficial. Empresarios, activistas, periodistas, madres buscadoras, incluso padres de niños con cáncer, han sido víctimas de esta maquinaria represiva que siembra el miedo y la incertidumbre en la sociedad.

La solicitud de medidas cautelares ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un paso crucial en la internacionalización del caso. Es una llamada de auxilio a la comunidad internacional para que intervenga y proteja los derechos fundamentales que están siendo vulnerados. No podemos permitir que México se convierta en un Estado donde la justicia se doblega ante el poder político y la disidencia se paga con la cárcel.

La gravedad de la situación exige una respuesta contundente por parte de los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, todos deben alzar la voz y exigir al gobierno mexicano que respete los compromisos internacionales que ha suscrito. El silencio cómplice solo servirá para alimentar la impunidad y perpetuar la crisis. El futuro de la democracia mexicana, y por extensión, de la estabilidad regional, está en juego. Es hora de actuar con determinación y defender los valores que nos unen como comunidad internacional.