La orden del ex presidente Trump de desplegar tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga en territorio mexicano generó una ola de reacciones, desde la firme negativa de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta la inquietud palpable en ciertos sectores de la política mexicana. Si bien la postura oficial de México fue de rechazo categórico a cualquier intervención militar extranjera, la sola mención de esta posibilidad abrió la puerta a especulaciones e interrogantes sobre la compleja relación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

La seguridad mostrada por Sheinbaum en aquel momento se basaba, según diversas fuentes, en conversaciones directas con el propio Trump. A pesar de la presión ejercida desde Washington, México se mantuvo firme en su postura de soberanía nacional, rechazando cualquier tipo de incursión militar en su territorio. Esta postura, si bien aplaudida por muchos, también despertó sospechas y alimentó teorías sobre los verdaderos motivos detrás de la negativa.

Algunos analistas apuntan a que la prioridad de Estados Unidos en ese momento no eran los cárteles mexicanos, sino el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, acusado de vínculos con el narcotráfico. La recompensa millonaria ofrecida por la captura de Maduro, superior incluso a la ofrecida por Osama Bin Laden en su momento, sugiere que la atención de Washington estaba puesta en otro objetivo. Esta hipótesis explicaría la aparente contradicción entre la retórica beligerante de Trump y la falta de acciones concretas contra los cárteles mexicanos.

La figura del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también juega un papel crucial en esta historia. Sus declaraciones públicas, en las que destacaba la colaboración entre ambos gobiernos en la lucha contra el crimen organizado, contrastaban con las versiones que circulaban en los pasillos del poder. Mientras la diplomacia oficial hablaba de cooperación, las sombras de la sospecha se alargaban sobre la supuesta connivencia entre políticos mexicanos y grupos del narcotráfico.

La reacción de algunos miembros de Morena, el partido en el poder, ante la orden de Trump también fue objeto de análisis. Figuras como Ricardo Monreal, entonces líder de la bancada morenista en el Senado, expresaron su rechazo a cualquier intervención militar extranjera, en un discurso que resonaba con el sentimiento nacionalista. Sin embargo, detrás de esta postura pública, algunos analistas veían un intento de desviar la atención de las acusaciones que vinculaban a figuras clave del partido con el financiamiento del narcotráfico.

Las acusaciones de financiamiento ilícito a campañas políticas por parte del régimen venezolano, lanzadas por el diputado venezolano Rafael Ramírez Colín y respaldadas por el diplomático mexicano Ricardo Pascoe, añadieron un nuevo elemento de complejidad a la trama. Estas acusaciones, si bien nunca fueron completamente probadas, alimentaron las especulaciones sobre la existencia de una red de complicidades que trascendía las fronteras nacionales.

En este contexto de acusaciones cruzadas y versiones contradictorias, la verdad sobre la posible incursión de tropas estadounidenses en México y la relación entre la política mexicana y el narcotráfico permanece en la penumbra. La historia, como un rompecabezas incompleto, deja más preguntas que respuestas, invitando a la reflexión y al análisis crítico de los acontecimientos.