La reciente orden del ex presidente Trump de combatir a los cárteles de la droga ha generado un torbellino de reacciones, desde la firmeza de la presidenta Sheinbaum hasta la inquietud palpable en ciertos sectores de la cuatroté. Analicemos con detenimiento este complejo escenario.

La postura de la presidenta Sheinbaum, al descartar categóricamente la incursión de tropas estadounidenses en territorio mexicano, se sustenta en sólidas bases. No solo ha mantenido conversaciones directas con el ex mandatario estadounidense, rechazando sugerencias de intervención, sino que también comprende el enfoque actual de las fuerzas armadas de Estados Unidos, centrado en la figura de Nicolás Maduro, considerado líder del Cártel de los Soles. La recompensa ofrecida por su captura, superior incluso a la que se ofreció en su momento por Osama Bin Laden, revela la prioridad estratégica que representa para Washington. La deteriorada situación de Venezuela, antaño una economía prometedora, se atribuye al régimen de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, lo que refuerza la determinación estadounidense de actuar.

Además, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, enfatizan la colaboración existente entre ambos gobiernos en la lucha contra el narcotráfico, desligando al gobierno mexicano de cualquier vínculo con grupos delictivos y, por el contrario, reconociendo sus esfuerzos en combatirlos. Esta cooperación bilateral añade otra capa de complejidad a la situación.

Sin embargo, la alarma mostrada por algunos miembros de la cuatroté, como el diputado Ricardo Monreal, no carece de fundamento. La larga mano de la justicia estadounidense, conocida por su persistencia incluso a través de décadas, genera inquietud. Las investigaciones que involucran al ex presidente López Obrador como presunto beneficiario de fondos provenientes del régimen de Maduro, añaden un elemento de incertidumbre al panorama político. Recordemos las acusaciones del diputado venezolano Rafael Ramírez Colín en 2018, así como las declaraciones del diplomático mexicano Ricardo Pascoe, que apuntan en la misma dirección. A esto se suman las versiones que llegaron a Washington sobre la supuesta financiación del Cártel de Sinaloa, aliado al Cártel de los Soles, a las campañas presidenciales de López Obrador desde 2006.

Estas acusaciones, de ser comprobadas, colocarían al ex presidente en una situación extremadamente comprometida, vinculándolo directamente con el régimen venezolano y el narcotráfico internacional. La posibilidad de que la justicia estadounidense profundice en estas investigaciones representa una amenaza latente para figuras clave del entorno político mexicano. El futuro de estas investigaciones y sus posibles consecuencias mantendrán la atención en los próximos meses. El juego político está en marcha, y las fichas se mueven en un tablero donde la verdad y la justicia buscan abrirse paso en medio de la intriga y la especulación.