La tragedia de Angie Velázquez, de tan solo 28 años, vuelve a poner sobre la mesa la preocupante realidad de las malas prácticas médicas en Ecuador, y en particular, la proliferación de clínicas estéticas sin las debidas autorizaciones y con personal no cualificado. Su fallecimiento, tras una liposucción y mamoplastia en una clínica de Guayaquil, resuena con el caso de Michelle Cobo, otra víctima de la negligencia que, lamentablemente, aún no ha encontrado justicia. Es indignante que, a pesar de la gravedad de estos casos, los responsables de la muerte de Michelle sigan sin ser condenados, lo que envía un mensaje de impunidad y fomenta la continuación de estas prácticas peligrosas.

El caso de Angie es desgarrador. Imaginen la ilusión con la que seguramente afrontó estas cirugías, buscando mejorar su imagen y autoestima, invirtiendo una cantidad considerable de dinero – 4 mil dólares, una cifra que representa un esfuerzo enorme para muchos – para finalmente encontrar la muerte en lugar de la transformación deseada. Pagar un precio tan alto, no solo económico sino con la propia vida, por la ambición y la falta de escrúpulos de quienes se hacen pasar por profesionales de la salud, es una injusticia que clama al cielo.

La tía de Angie relata el drama familiar: la joven pagó por ambos procedimientos, pero durante la operación surgieron complicaciones que obligaron a su traslado a un hospital del centro-sur de la ciudad, donde lamentablemente se confirmó su deceso. ¿Qué tipo de “profesionales” realizan intervenciones sin la capacidad para manejar las complicaciones que puedan surgir? ¿Qué clase de establecimiento permite que se lleven a cabo cirugías de este tipo sin las garantías mínimas de seguridad?

Las autoridades, por su parte, han procesado a tres hombres – el cirujano, el anestesiólogo y un asistente – por homicidio culposo por mala práctica profesional. La Fiscalía General del Estado señala que la muerte se debió a “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas” dentro de la clínica, que operaba sin la autorización del Ministerio de Salud, violando flagrantemente el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

No se trata de un caso aislado. La clausura de la clínica por parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Acreditación (ACESS) tras la muerte de Angie, reveló la falta de documentación esencial, incluyendo el manifiesto de la empresa gestora ambiental. Esto demuestra la precariedad y la falta de control que permiten que establecimientos como este operen poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Es una llamada de atención a las autoridades para que refuercen la vigilancia y los controles, y para que se apliquen sanciones ejemplares a quienes juegan con la salud de la población.

La detención del cirujano, el anestesiólogo y el asistente, aunque inicialmente con arresto domiciliario y medidas alternativas a la prisión, es un primer paso. Sin embargo, es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables. La memoria de Angie, y de todas las víctimas de estas prácticas negligentes, exige justicia. No podemos permitir que la búsqueda de la belleza se convierta en una sentencia de muerte.

La sociedad ecuatoriana debe exigir mayor transparencia y control en el sector de la salud estética. Informarse adecuadamente sobre las credenciales de los profesionales y la legalidad de las clínicas es fundamental para evitar caer en manos de personas inescrupulosas que priorizan el lucro por encima de la salud y la seguridad de sus pacientes. La vida de Angie Velázquez, y la de tantas otras víctimas, no puede haber sido en vano. Su trágico final debe servir como un recordatorio constante de la importancia de la regulación y el control en este sector, y como un llamado a la responsabilidad individual para tomar decisiones informadas y seguras.