La indignación recorre las calles del corregimiento de Cisneros, en Buenaventura, Valle del Cauca, tras la difusión de un perturbador video que muestra la brutal agresión sexual sufrida por una joven a manos de un individuo identificado como Steven R. Las imágenes, captadas el pasado 8 de agosto, exhiben la violencia desmedida con la que el agresor, de tez negra y completamente desnudo, embiste a la víctima, quien se encuentra en ropa interior, para luego noquearla y arrastrarla por el cabello por las escaleras. La crudeza de la escena ha generado una ola de repudio y un clamor unánime por la captura del responsable.

La comunidad de Cisneros, consternada por lo ocurrido, ha iniciado una búsqueda incansable de Steven R., ofreciendo una "harta suma de dinero" a quien proporcione información que conduzca a su paradero. Su fotografía circula profusamente en redes sociales, acompañada de la etiqueta #SeBusca, con la intención de alertar a la población sobre el peligro que representa este individuo. Se rumorea que pertenece a la sección 40, donde presuntamente habría cometido otros delitos de índole sexual, alimentando aún más el temor y la incertidumbre entre los habitantes.

A pesar de la presión social y la difusión masiva del caso, la Fiscalía General de la Nación (FGN) no ha confirmado la existencia de un boletín de búsqueda oficial contra Steven R., generando inquietud y cuestionamientos sobre la celeridad de la respuesta institucional ante un hecho de tal gravedad. Esta falta de información oficial contrasta con la alarma social generada por el video, lo que deja a la comunidad en un estado de vulnerabilidad y desprotección.

La situación en Cisneros pone de manifiesto una problemática mayor: la dificultad de acceso a la información sobre hechos delictivos en Colombia. Si bien las autoridades argumentan la necesidad de proteger los datos personales amparados en un estricto marco jurídico, esta reserva informativa puede obstaculizar la lucha contra la delincuencia y limitar la capacidad de la sociedad para tomar medidas preventivas y de protección. La transparencia en la gestión de la información criminal es fundamental para construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones, y para abordar de manera efectiva las problemáticas de seguridad que aquejan al país. En este sentido, el caso de Steven R. se convierte en un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de equilibrar la protección de datos con el derecho de la sociedad a estar informada y a participar activamente en la construcción de un entorno seguro para todos. ¿Hasta cuándo la opacidad seguirá siendo un obstáculo en la lucha contra la impunidad? ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar el acceso a la información sin comprometer la privacidad de las víctimas? Estas son algunas de las preguntas que resuenan con fuerza en la comunidad de Cisneros y que exigen respuestas concretas por parte de las autoridades. El silencio, en este caso, se convierte en cómplice de la violencia.