La reciente acusación del gobierno estadounidense contra Nicolás Maduro, señalándolo como cabecilla de una vasta red de narcotráfico internacional, ha desatado una tormenta geopolítica con epicentro en América Latina. La oferta de una recompensa multimillonaria por su captura, sumada a las revelaciones sobre una posible orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar contra cárteles en la región, dibuja un escenario preocupante, lleno de interrogantes y posibles consecuencias devastadoras.

La firme respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, negando cualquier vínculo entre Maduro y el Cártel de Sinaloa y rechazando categóricamente la posibilidad de intervenciones militares extranjeras en territorio mexicano, representa un punto de inflexión crucial en esta narrativa. No se trata simplemente de un acto diplomático, sino de una declaración de principios que resuena con la histórica resistencia latinoamericana a la injerencia externa. Sus palabras ponen de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las estrategias de combate al narcotráfico, priorizando la soberanía nacional y la cooperación regional.

La narrativa que se construye desde Washington presenta a Maduro no solo como un líder autoritario, sino como un criminal transnacional, conectándolo directamente con organizaciones como el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Esta construcción mediática, respaldada por la DEA y el Departamento de Justicia, busca legitimar una intervención que podría tener consecuencias impredecibles.

La pregunta que surge, y que la presidenta Sheinbaum plantea implícitamente, es si esta nueva "guerra contra el narco" se está gestando con el consenso de los países latinoamericanos o si, por el contrario, se está imponiendo una agenda ajena a los intereses y necesidades de la región. La historia nos ha enseñado, con dolorosas lecciones, que las intervenciones militares unilaterales, lejos de solucionar los problemas, suelen agravarlos, generando inestabilidad, violencia y violaciones a los derechos humanos.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico, sin un enfoque integral que aborde las causas estructurales del problema, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, está condenada al fracaso. Además, la designación de un presidente extranjero como objetivo militar abre un peligroso precedente que atenta contra la soberanía de los Estados y el derecho internacional.

América Latina necesita construir su propia narrativa en materia de seguridad, una narrativa que no se limite a reaccionar a las imposiciones externas, sino que proponga soluciones basadas en la cooperación regional, el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social. Es fundamental que la región asuma un papel protagónico en la definición de las estrategias de combate al crimen organizado, evitando caer en la trampa de replicar modelos importados que han demostrado ser ineficaces y contraproducentes.

La lucha contra el narcotráfico no debe ser una excusa para la injerencia, la violación de la soberanía y la imposición de agendas externas. Es imperativo que los países latinoamericanos unan sus fuerzas para construir un futuro más justo, seguro y democrático, basado en el respeto mutuo y la solidaridad.