La propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha abierto un debate candente en la sociedad mexicana. La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, busca castigar con penas de cárcel y multas a las madres que falsamente atribuyan la paternidad a hombres que no son los padres biológicos de sus hijos. Esta medida, que modificaría el Código Penal Federal con la adición del artículo 390 Ter, busca sancionar con uno a cinco años de prisión y multas de 100 a mil días de salario mínimo a quienes incurran en este tipo de engaño.

El diputado Núñez Aguilar argumenta que esta práctica, a la que denomina "estafa parental", representa una problemática social grave que afecta los derechos de los adultos involucrados, especialmente en el ámbito económico, al imponerles obligaciones que no les corresponden. Señala que, si bien el Código Civil ya protege los derechos de los menores, es necesario proteger también a los hombres que son víctimas de este tipo de engaño, que a menudo se ven obligados a asumir responsabilidades financieras por hijos que no son suyos. El diputado cita un estudio del Journal of Medical Ethics de 2016, que afirma que uno de cada 50 hombres cría a un hijo que no es suyo sin saberlo, una cifra que, si bien requiere mayor contextualización dentro de la realidad mexicana, ilustra la magnitud del problema.

Es importante destacar que la iniciativa se centra en los casos donde la atribución de la paternidad se realiza con fines de aprovechamiento, como ocultar, transferir o adquirir bienes a nombre del menor. Se busca distinguir estos casos de aquellos donde ambos cónyuges acuerdan criar a un hijo ajeno, como en el caso de los hijastros, donde existe un consentimiento mutuo y una asunción voluntaria de la responsabilidad parental.

La discusión en torno a esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio, donde la responsabilidad parental y los derechos de los menores son temas centrales. Se plantea la necesidad de equilibrar la protección de los niños con la de los adultos, evitando que se utilicen los primeros como instrumentos para obtener beneficios económicos o perjudicar a la expareja.

Surge la pregunta: ¿es suficiente la legislación actual para proteger a los hombres en estos casos? ¿Qué mecanismos se pueden implementar para asegurar la veracidad de la paternidad sin vulnerar los derechos de los menores? ¿Cómo se puede garantizar que esta ley no se utilice de forma malintencionada para evadir responsabilidades parentales reales?

La propuesta del PVEM ha generado reacciones diversas. Algunos sectores la consideran necesaria para proteger a los hombres de las falsas acusaciones de paternidad, mientras que otros expresan preocupación por las posibles consecuencias para los menores y la posibilidad de que se utilice como una herramienta de presión en los procesos de separación y divorcio. El debate está abierto y es crucial analizar todos los aspectos de esta compleja problemática para encontrar soluciones que protejan los derechos de todos los involucrados, especialmente de los niños.

La comparación con la tipificación de la violencia vicaria, donde uno de los padres utiliza a los hijos para dañar a su pareja, es inevitable. Si bien se trata de situaciones diferentes, ambas ponen de manifiesto la importancia de proteger a los más vulnerables en el contexto familiar. La ley "Moles", como se ha denominado a la iniciativa, se suma a las discusiones sobre la necesidad de actualizar el marco legal para abordar las nuevas realidades familiares y garantizar la justicia y la equidad para todos.

El futuro de esta iniciativa dependerá del debate parlamentario y de la opinión pública. Sin duda, se trata de un tema complejo que requiere un análisis profundo y una discusión seria y responsable.