La tensión se palpa en Mérida. El juicio Castilla-Ponce, un verdadero culebrón judicial que se extiende ya por más de una década, ha vuelto a la palestra pública. La negativa del Tribunal Primero de Enjuiciamiento a la prescripción solicitada por la defensa ha desatado una tormenta jurídica, con expertos divididos sobre la legitimidad de reabrir un caso que, según la defensa, expiró en septiembre de 2014. El argumento esgrimido por los abogados de Castilla Roche se centra en el artículo 121 del Código Penal de Yucatán, que establece un plazo de un año para ejercer la acción penal. La reactivación de la carpeta ocho meses después, en junio de 2015, se considera una violación a garantías fundamentales, sembrando dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial yucateco. El interrogatorio al querellante, plagado de contradicciones sobre la vigencia del poder notarial para las operaciones inmobiliarias, añade más leña al fuego. Mientras tanto, en Quintana Roo, la legalidad de estas operaciones ya ha sido reconocida, lo que incrementa la presión sobre el tribunal yucateco. Con el telón de fondo de las estadísticas del INEGI que revelan la lentitud de la justicia en Yucatán –donde un caso tarda en promedio cinco años–, el juicio Castilla-Ponce, con sus diez años de recorrido, se erige como un símbolo de la ineficacia del sistema. Las audiencias, que se extenderán durante toda la semana, prometen nuevos giros y revelaciones, manteniendo en vilo a la opinión pública nacional.

Mientras tanto, en la capital del país, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), presidida por Andrea Marván, ha decidido aplazar la discusión sobre el mercado del comercio electrónico, un sector dominado por gigantes como Amazon y Mercado Libre. La decisión, lejos de apaciguar las aguas, ha exacerbado las diferencias entre los comisionados. Algunos abogan por la imposición de medidas regulatorias, aunque sin consenso sobre cuáles, mientras que otros prefieren archivar el caso. El tiempo apremia. La COFECE tiene hasta la segunda mitad de septiembre para notificar la resolución, un documento que suele superar las 500 páginas y cuya redacción puede demorar varias semanas. A esto se suma la notificación en sí misma, un proceso delicado que, de no ejecutarse correctamente, podría invalidar la resolución para alguna de las partes. Con el plazo límite respirándoles en la nuca, la COFECE se enfrenta a un dilema crucial en medio de rumores sobre la inminente designación de nuevos comisionados por parte del gobierno.

En el parqué de la Bolsa Mexicana de Valores, la expectativa se centra en la decisión del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil sobre el caso GICSA. La desarrolladora de centros comerciales, acusada de falsificar un acta de Asamblea para cotizar en bolsa, ha pospuesto su reunión con tenedores de bonos, a la espera del fallo judicial. El proyecto de sentencia, elaborado por el secretario de Acuerdos, no parece favorable para la empresa de Elías Cababie Daniel, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas. La decisión de los magistrados Sánchez López, Cortés Araujo y, especialmente, del ponente Magaña Barragán, será crucial para el futuro de GICSA.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la división interna se agudiza. Dos bloques claramente definidos, los "duros" liderados por Lenia Batres y los "moderados" vinculados a Yasmín Esquivel, se disputan el terreno. El tema central: la recaudación fiscal. Los "duros", apoyados por grupos de izquierda, prometen mano dura contra los grandes contribuyentes. Los "moderados", en sintonía con el sector privado, apuestan por la estabilidad económica. Más allá del caso Salinas Pliego, la Corte tiene pendientes litigios millonarios con empresas como Samsung, maquiladoras y aseguradoras, una herencia de la gestión de Norma Piña que pone a prueba la capacidad de la nueva Corte para equilibrar justicia y desarrollo económico.

Finalmente, la historia de Dolphin Discovery, el imperio de los delfines construido por el empresario yucateco Eduardo Albor, da un giro inesperado. En abril, un grupo de inversionistas extranjeros tomó el control de la compañía, desplazando a Albor, quien conserva un simbólico 1% del negocio. El litigio, que se desarrolla en Estados Unidos, se originó por la reclamación de 100 millones de dólares por parte de Prudential Insurance. Albor, despojado de la empresa que construyó durante tres décadas, prepara una demanda por daños y perjuicios contra la aseguradora, en un último intento por recuperar lo que considera suyo.