La tensión se palpa en Yucatán. El juicio Castilla-Ponce, un proceso que se extiende ya por más de una década, ha vuelto a la palestra pública tras la polémica decisión del Tribunal Primero de Enjuiciamiento de negar la prescripción del caso. La defensa argumenta que, según el artículo 121 del Código Penal estatal, la reactivación de la carpeta en 2015, ocho meses después de la presentación de la querella original en 2013, carece de sustento legal y vulnera garantías fundamentales. Este tira y afloja jurídico pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial yucateco, donde, según datos del INEGI, solo un tercio de las denuncias llegan a tribunales, y los procesos pueden alargarse hasta cinco años. El caso Castilla-Ponce, que ya duplica ese tiempo, se convierte en un paradigma que cuestiona la eficacia, imparcialidad y posible selectividad de la justicia en el estado gobernado por Joaquín Huacho Díaz. Las contradicciones evidenciadas en el interrogatorio al querellante, especialmente en lo referente a la vigencia del poder notarial que amparaba las operaciones inmobiliarias en disputa –un mandato respaldado por dos instrumentos notariales–, añaden otra capa de complejidad al caso. La situación contrasta con la de otros estados, como Quintana Roo, bajo el mando de Mara Lezama, donde tribunales han reconocido la legalidad de operaciones similares. Con la presentación de nuevos testigos y pruebas documentales programada para esta semana, el juicio no solo capta la atención nacional, sino que también se perfila como un posible referente en el análisis del debido proceso en México.

Mientras tanto, en la capital del país, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), presidida por Andrea Marván, ha retirado de la discusión el expediente de la investigación sobre el mercado de comercio electrónico, dominado por gigantes como Amazon, de Jeff Bezos, y Mercado Libre, de Marcos Galperin. La decisión, lejos de apaciguar las aguas, ha expuesto las profundas diferencias entre los comisionados. Mientras algunos abogan por la imposición de medidas –sin siquiera consensuar cuáles–, otros prefieren cerrar el caso. La falta de diálogo y la presión del plazo procedimental para notificar la resolución, fijado para la segunda mitad de septiembre, complican aún más el panorama. Considerando el tiempo necesario para la elaboración del engrose (que puede alcanzar las 500 páginas) y la notificación, la COFECE tiene apenas un par de semanas para tomar una decisión. A esto se suma la posibilidad de que la 4T nombre nuevos comisionados a fines de agosto o principios de septiembre, coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones del Senado que liderará Gerardo Fernández Noroña, lo que introduce una variable adicional en la ecuación.

En el parqué de la Bolsa Mexicana de Valores, dirigida por Jorge Alegría y presidida por Marcos Martínez, todas las miradas están puestas en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. De su decisión depende el futuro de GICSA, la desarrolladora de centros comerciales presidida por Elías Cababie Daniel, acusada de falsificar un acta de Asamblea para convertirse en empresa pública. La compañía ha pospuesto para el 18 de agosto la reunión con tenedores de bonos, donde se discutiría la reestructuración de pasivos. Esta postergación busca dar tiempo a los magistrados Alejandro Sánchez López, Gabriela Eleonora Cortés Araujo y, especialmente, al ponente Óscar Magaña Barragán, para definir el Amparo 86/2025 y brindar certidumbre a los inversionistas. El proyecto de sentencia, elaborado por el secretario de Acuerdos, Raymundo Édgar Ayala Castro, no parece favorable para la empresa, lo que aumenta la tensión en el mercado.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la división entre los “duros”, liderados por Lenia Batres, y los “moderados”, vinculados a Yasmín Esquivel, se hace cada vez más evidente. Ambos grupos han iniciado una intensa labor de cabildeo, con la recaudación fiscal como telón de fondo. Los "duros", con el apoyo de bases y grupos radicales de izquierda, prometen mano dura contra los grandes contribuyentes que evaden impuestos. Los "moderados", por su parte, buscan la estabilidad de los negocios y la protección de las empresas que generan empleo y valor económico. Más allá del litigio del SAT, presidido por Antonio Martínez Dagnino, contra el grupo de Ricardo Salinas Pliego, se avecinan casos de cobros de IVA a empresas como Samsung, maquiladoras y aseguradoras, que involucran más de 134 mil millones de pesos y que la Corte de Norma Piña no pudo resolver.

Finalmente, la historia de Dolphin Discovery, uno de los mayores operadores de acuarios y parques acuáticos con delfines del mundo, da un giro inesperado. En abril, John Olson, Mike Wood, Donna Brewer, Stafford Burrowes y los fondos Cosmo Investments y AVRA Limitless tomaron el control de la empresa, fundada y construida durante 30 años por el empresario yucateco Eduardo Albor. El litigio, que se trasladó a Estados Unidos, se originó por la oposición de Prudential Insurance, uno de los acreedores, al concurso mercantil iniciado por Albor, quien aún posee el 1% del negocio. La aseguradora, presidida por Andrew F. Sullivan, reclama 100 millones de dólares. Albor, por su parte, planea presentar una demanda por daños y perjuicios contra Prudential en territorio estadounidense. La batalla legal por el control de Dolphin Discovery apenas comienza.