La polémica en torno a la regulación de scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México se intensifica. Tras la aprobación en la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local para exigir licencia y placa a sus conductores, el debate ha saltado a la esfera pública, con voces a favor y en contra que analizan las implicaciones de esta nueva normativa.

Xóchitl Bravo, coordinadora de diputados locales de Morena, defiende la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad vial de peatones y ciclistas. "El espacio público es de todos", enfatiza Bravo, y su uso debe regirse por el orden y la seguridad. La legisladora morenista insiste en la importancia de campañas de concientización que promuevan el respeto a los pasos peatonales y la reducción de la velocidad, elementos clave para una convivencia pacífica en las calles de la capital. No se trata únicamente de regular los vehículos, sino de fomentar una cultura vial que priorice la seguridad de todos los usuarios, desde los peatones hasta los conductores de vehículos motorizados. Este enfoque integral, según Bravo, es esencial para lograr un impacto real en la movilidad de la ciudad.

Por su parte, el urbanólogo en movilidad, Roberto Remes, si bien coincide en la necesidad de regular el uso de estos vehículos, cuestiona la eficacia de la medida si no se acompaña de una aplicación rigurosa de la normativa. Remes señala la falta de aplicación del reglamento actual y expresa su preocupación de que la nueva regulación corra la misma suerte. "¿De qué sirve una nueva ley si la policía de tránsito no aplica las sanciones correspondientes?", interroga el especialista, poniendo el dedo en la llaga sobre la falta de ejecución que a menudo lastra las buenas intenciones legislativas. Remes va más allá y apunta a la Secretaría de Economía, instándola a regular la importación de estos vehículos, ya que, según argumenta, el Congreso legisla "a ciegas" sin un control previo sobre las características técnicas de los aparatos que ingresan al país. Esta falta de coordinación entre instancias gubernamentales, advierte, podría dificultar la implementación efectiva de la nueva normativa.

Un punto crucial del debate gira en torno a la edad mínima para obtener la licencia. Tanto Bravo como Remes coinciden en la necesidad de establecer un límite, que se baraja entre los 14 y 16 años. Sin embargo, Remes enfatiza la importancia de que esta medida se acompañe de una campaña para reducir la velocidad de circulación de estos vehículos, expresando su preocupación por la seguridad de los adolescentes. "No me opongo a que los jóvenes usen estos vehículos, siempre y cuando se promueva una cultura de la velocidad responsable," declara el urbanista.

Finalmente, Remes aborda la problemática del alquiler de scooters eléctricos, un servicio prácticamente inexistente en la Ciudad de México debido a la estricta regulación vigente. Si bien no descarta la posibilidad de que alguna empresa se anime a operar bajo estas condiciones, el urbanista reconoce la dificultad que representa el actual marco regulatorio.

El debate continúa abierto. La regulación de scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México se presenta como un desafío complejo que requiere no solo de un marco legal adecuado, sino también de una aplicación efectiva y de una profunda transformación en la cultura vial de la ciudadanía.