La sombra de la exclusión vuelve a cernirse sobre el censo estadounidense. El expresidente Donald Trump ha reavivado la polémica en torno a la inclusión de los residentes indocumentados en el conteo decenal que determina la representación política y la distribución de fondos federales. Una decisión que, de materializarse, podría tener un impacto significativo en la configuración del poder político en Estados Unidos, especialmente en estados con una alta población de migrantes como California, Texas y Florida.

La orden de Trump, aunque por ahora simbólica dada su condición de expresidente, reabre un debate complejo y cargado de implicaciones. El censo, piedra angular de la democracia estadounidense, se realiza cada diez años y sirve como base para la redistribución de los distritos electorales, la asignación de escaños en el Congreso y la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales. Su precisión es crucial para garantizar una representación justa y equitativa de todos los residentes.

El argumento esgrimido por Trump y sus partidarios se centra en la idea de que solo los ciudadanos estadounidenses deberían tenerse en cuenta para definir la representación política. Según esta visión, incluir a los indocumentados en el censo otorgaría una ventaja injusta a los estados con mayor población migrante, muchos de los cuales, como California, se inclinan hacia el Partido Demócrata. Se acusa a los demócratas de utilizar la inclusión de los indocumentados como una estrategia para aumentar su poder político, a expensas de los estados con menor población migrante.

Sin embargo, expertos demógrafos y analistas políticos señalan que el impacto real de la exclusión de los indocumentados en la distribución de escaños y votos electorales sería mínimo. Estudios indican que, incluso si se hubiera excluido por completo a los residentes indocumentados de los datos del censo utilizados para la distribución, la variación en la asignación de escaños en la Cámara de Representantes y votos en el Colegio Electoral habría sido marginal desde 1980.

Más allá de las implicaciones políticas, la exclusión de los indocumentados del censo plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la justicia social. Muchos argumentan que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, contribuyen a la economía y a la sociedad estadounidense, y por lo tanto, deberían ser contabilizados en el censo. Excluirlos no solo distorsionaría la imagen real de la población, sino que también podría resultar en una infrafinanciación de servicios esenciales en las comunidades con mayor concentración de migrantes, como escuelas, hospitales y programas sociales.

El intento de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, bloqueado en su momento por la Corte Suprema, deja entrever la persistencia de este debate. Su nueva orden, aunque carece de fuerza legal inmediata, reaviva la polémica y la coloca en el centro del debate político. El futuro del censo y la forma en que se contabiliza a la población estadounidense, tendrán un impacto profundo en la configuración del país en las próximas décadas. La pregunta sigue en el aire: ¿quién cuenta en Estados Unidos?