En tiempos de austeridad y con una inflación que aprieta el bolsillo de las familias potosinas, la decisión del cabildo de San Luis Potosí de aprobar un aumento salarial del 18.5% para la burocracia municipal y hasta un 10% para mandos medios y superiores, ha generado una ola de críticas e indignación. La medida, calificada de “excesiva” por legisladores y el Instituto de Fiscalización Superior (ORFIS), pone en el ojo del huracán al alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien se verá beneficiado con un incremento que llevará su salario mensual a 107,429 pesos, sin contar las prestaciones que superan el 6.5%.

Este incremento salarial contrasta fuertemente con la realidad económica que viven miles de potosinos. Mientras el sector trabajador y el comercio, en el mejor de los casos, han visto aumentos salariales que no superan el 7 u 8%, los funcionarios del ayuntamiento capitalino reciben un incremento que duplica, e incluso triplica, el porcentaje otorgado a la población en general. Esta disparidad ha encendido las alarmas de la sociedad civil y ha provocado la reacción inmediata de diversos actores políticos.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Arturo Lara, no dudó en calificar el aumento como desproporcionado, haciendo hincapié en que se trata de recursos públicos. La preocupación por el manejo de las finanzas municipales se suma a la incongruencia que representa este incremento en un contexto de inflación y de limitados aumentos salariales para el resto de la población. Lara cuestionó la justificación de dicho aumento y la sensibilidad del cabildo ante la situación económica actual.

Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Arreola, anunció que revisarán el Acuerdo del Cabildo. Arreola recordó la ley de austeridad en el servicio público emitida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y aunque reconoce su carácter federal, insistió en la necesidad de actualizar las legislaciones locales para reflejar los principios de austeridad y responsabilidad en el manejo del erario público. La revisión del acuerdo podría tener consecuencias importantes para el ayuntamiento, ya que se analizará su apego a la legalidad y a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La voz del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a través de su titular Rodrigo Joaquín Lecourtois, también se alzó en contra de esta medida. Lecourtois advirtió que podrían ordenar la devolución de los recursos otorgados en estos aumentos salariales, no solo al ayuntamiento de San Luis Potosí, sino a cualquier ente fiscalizable que haya incurrido en incrementos desproporcionados. El ORFIS recordó que el ejercicio del gasto público está sujeto a diversas legislaciones, como la Ley de Disciplina Financiera, que en sus artículos 10 al 13 establece claramente los topes salariales y la prohibición expresa de aumentos durante el ejercicio fiscal.

La polémica generada por este aumento salarial pone de manifiesto la creciente demanda ciudadana por una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. La ciudadanía exige que los servidores públicos sean ejemplo de austeridad y que sus decisiones reflejen la realidad económica que viven las familias potosinas. El futuro de este incremento salarial y las posibles consecuencias legales que enfrente el ayuntamiento capitalino se mantienen en la incertidumbre, mientras la sociedad potosina espera una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. ¿Será este el inicio de una revisión profunda de los salarios de los funcionarios públicos en el estado? ¿Se impondrá la austeridad o prevalecerán los privilegios? El tiempo lo dirá.