En un mundo cada vez más complejo, la rendición de cuentas y la transparencia se han convertido en pilares fundamentales para la salud de cualquier democracia. No basta con que las instituciones públicas funcionen, sino que deben hacerlo de manera visible, permitiendo a la ciudadanía comprender los procesos y decisiones que moldean su realidad. En este sentido, la evaluación de las actividades públicas se vuelve una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más justa y participativa.

Imaginen un edificio. Para garantizar su estabilidad y seguridad, no basta con admirar su fachada. Es crucial revisar los cimientos, las estructuras, los materiales utilizados. De la misma manera, la evaluación de las políticas públicas nos permite analizar la solidez de las instituciones, identificar posibles fallas y proponer soluciones que fortalezcan el sistema en su conjunto.

El monitoreo constante, a través de diagnósticos e informes periódicos, nos brinda una radiografía precisa del estado actual de la administración pública. No se trata de una simple fiscalización, sino de un ejercicio constructivo que busca la mejora continua. Al identificar las áreas de oportunidad, podemos canalizar los recursos de manera más eficiente y garantizar que las políticas públicas realmente impacten de forma positiva en la vida de las personas.

La participación ciudadana juega un papel crucial en este proceso. No podemos concebir una evaluación efectiva sin la voz de quienes viven día a día las consecuencias de las decisiones gubernamentales. La apertura institucional, que promueve la co-creación y la participación social, se convierte entonces en una herramienta fundamental para la construcción de un gobierno verdaderamente representativo.

En la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFOCDMX) ha realizado una labor encomiable en este sentido. Los 78 diagnósticos realizados entre 2019 y 2025, abarcando desde la composición de las unidades de transparencia hasta la accesibilidad de la información durante la pandemia, nos ofrecen un panorama invaluable del estado actual de la apertura institucional en la capital.

Estos diagnósticos no son meros documentos archivados. Representan un punto de partida para la acción. Las recomendaciones generadas a partir de estos análisis son una guía para las instituciones públicas, un mapa que les indica el camino hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas.

El caso de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) y su colaboración con la Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana es un ejemplo inspirador de cómo la participación ciudadana puede incidir directamente en la gestión pública. Esta iniciativa demuestra que, cuando las instituciones abren sus puertas a la sociedad, se genera un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Otro ejemplo destacable es el de la Alcaldía Iztapalapa y la Agencia de Empleo Tequicalli, que con su enfoque integral de inclusión laboral, demuestran cómo las políticas públicas pueden transformar la realidad de las comunidades. Al acercar al sector empresarial con la población local, se crean oportunidades y se promueve el desarrollo económico.

El reto ahora es asegurar que las recomendaciones derivadas de estos diagnósticos se implementen de manera efectiva. Las próximas autoridades tendrán la responsabilidad de dar seguimiento a este proceso y consolidar los avances logrados. La transparencia y la rendición de cuentas no son un fin en sí mismas, sino un medio para construir una sociedad más democrática, justa y equitativa. Es un camino que debemos recorrer juntos, gobierno y ciudadanía, para alcanzar un futuro mejor para todos.