La tragedia que ha conmocionado a Los Reyes La Paz, Estado de México, nos obliga a mirarnos en el espejo como sociedad y confrontar una realidad brutal: la vida de un niño de apenas cinco años, Fernandito, fue arrebatada por una deuda de mil pesos. Mil pesos. Una cantidad que para muchos puede ser insignificante, se convirtió en la sentencia de muerte para este pequeño. La incapacidad de su madre para saldar esa deuda, posiblemente contraída para alimentar a su familia, desató la crueldad inimaginable de sus acreedoras. Estas mujeres, cegadas por la avaricia y la falta de empatía, secuestraron a Fernandito, lo convirtieron en una mercancía, en una garantía de pago.

Durante siete días, Fernandito estuvo cautivo en una casa de lámina, a pocos metros de su hogar, de su vida. Siete días en los que el llanto de un niño torturado resonó en la indiferencia de una comunidad que eligió callar. Vecinos que escucharon sus gritos, que fueron testigos de su sufrimiento, y que no hicieron nada. Su silencio se convierte en cómplice de este atroz crimen. La madre, desesperada, acudió una y otra vez a suplicar por la vida de su hijo, pero la respuesta siempre fue la misma: “hasta que pagues”. Una frase que resuena como una condena, no solo para Fernandito, sino para una sociedad que permite que la vida de un niño valga tan poco.

El hallazgo del pequeño, sin vida, envuelto en un costal, es un puñal en el corazón de México. Un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestros niños, de la pobreza que asfixia y de la indolencia que mata. La detención de tres personas no es suficiente. No devuelve la vida a Fernandito, ni repara el daño infligido a su familia y a una comunidad quebrada. Este caso no es un hecho aislado, es el síntoma de una enfermedad social profunda, donde la infancia es moneda de cambio y la vida humana pierde todo valor.

Fernandito no solo fue víctima de la crueldad de sus captores, sino también del abandono del Estado, de la indiferencia de sus vecinos, del silencio cómplice de una sociedad que mira hacia otro lado. ¿Cuántos Fernanditos más tendrán que morir para que despertemos? ¿Cuántos niños más serán sacrificados en el altar de la pobreza y la violencia antes de que decidamos actuar? La investigación continúa, pero la verdad es que Fernandito murió porque nadie lo protegió. Ni el Estado, ni su calle, ni sus vecinos, ni nosotros. Y esa es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad.

Mientras tanto, en Toluca, la capital del Estado de México, la inseguridad se desborda. El alcalde Ricardo Moreno insiste en negar la presencia del crimen organizado, pero la realidad lo contradice. El reciente operativo que desmanteló al grupo “Los Alpha”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó al descubierto la magnitud del problema: casas de seguridad, armas, droga, personas secuestradas y un cadáver en una cisterna. La gestión de Moreno ha sido rebasada, exhibida por la ineficacia y la negación. La capital mexiquense se encuentra a la deriva, abandonada a su suerte, mientras las autoridades se enfrascan en discursos y evasivas. La inseguridad no se combate con palabras, sino con acciones contundentes. Y en Toluca, esas acciones parecen estar ausentes. Nos queda la pregunta: ¿cuándo asumirán las autoridades la responsabilidad que les corresponde? ¿Cuándo dejarán de minimizar la gravedad del problema y comenzarán a trabajar por la seguridad de los ciudadanos? El tiempo se agota, y la paciencia de los toluqueños también.