El descenso en la natalidad europea no es una simple estadística, sino un grito silencioso que resuena en los cimientos mismos de nuestro proyecto común. Desde la posguerra, no habíamos presenciado un fenómeno de tal magnitud, con países como Francia, tradicionalmente baluarte de la fecundidad en el continente, a punto de registrar más decesos que nacimientos. Este saldo vegetativo negativo, que se extiende como una sombra por toda la Unión Europea, con un índice de fecundidad de apenas 1.42 hijos por mujer en 2024, nos obliga a una profunda reflexión sobre el futuro que estamos construyendo.

Las causas de esta preocupante tendencia son múltiples y complejas, entrelazadas como los hilos de una tela que se deshilacha. La eficacia de las políticas de incentivos, otrora consideradas universales, se encuentra ahora bajo escrutinio. La falta de plazas en guarderías, la asfixiante crisis de vivienda que golpea con especial dureza a los jóvenes, la incertidumbre económica y el temor ante un futuro marcado por la crisis climática, se suman a las decisiones personales, configurando un panorama desalentador para la formación de familias. Esta sucesión de crisis, sanitarias, económicas y geopolíticas, ha erosionado la confianza en el mañana, creando un clima de incertidumbre que dificulta la proyección a largo plazo, esencial para la decisión de tener hijos.

Las consecuencias de esta contracción demográfica ya se hacen sentir. El envejecimiento de la población implica una mayor presión sobre los sistemas de pensiones y sanidad, con menos trabajadores activos sosteniendo a un número creciente de jubilados. Las proyecciones de Eurostat pintan un futuro sombrío, con una disminución estimada del 6% de la población de la UE para 2100, lo que se traduce en la pérdida de 27,3 millones de habitantes. Este declive demográfico no solo representa un desafío social, sino también económico. Informes como el de McKinsey, citado por el Financial Times, alertan sobre la necesidad de duplicar el crecimiento de la productividad en países como Alemania para mantener los niveles de vida alcanzados en la década de los noventa.

Ante este panorama, algunos gobiernos han implementado medidas para contrarrestar la caída de la natalidad. Francia, con su combinación de subsidios universales, deducciones fiscales y guarderías asequibles, se mantiene a la vanguardia en Europa. Los países nórdicos, como Suecia y Noruega, apuestan por generosos permisos parentales remunerados, con una parte obligatoria para el padre, y una cobertura total en cuidado infantil desde el primer año de vida. Hungría, por su parte, ha optado por exenciones fiscales para las madres, llegando incluso a la exención vitalicia para aquellas con dos o más hijos. Sin embargo, la efectividad de estas políticas a largo plazo dependerá de factores como la estabilidad económica, el acceso a servicios de salud reproductiva y un apoyo constante a las familias jóvenes. La OCDE insiste en la necesidad de un ecosistema que garantice el empleo estable y un cambio cultural que valore y facilite la crianza.

La inmigración se presenta como una posible solución para compensar el déficit poblacional, pero requiere de políticas de integración ambiciosas y bien diseñadas que eviten fracturas sociales. Las nuevas generaciones, en un contexto de menor crecimiento económico y mayores costos por jubilaciones, necesitarán un entorno inclusivo y equitativo para prosperar.

Europa se encuentra en una encrucijada. La inacción nos conduce a un futuro incierto, con un Estado de bienestar en jaque y un declive demográfico irreversible. La cuestión no se limita a cuántos europeos habrá en el futuro, sino a qué tipo de Europa sobrevivirá. Es imperativo actuar con decisión y visión de futuro para construir una sociedad que valore la familia, apoye la crianza y garantice un futuro próspero para las próximas generaciones. El futuro de Europa, nuestro futuro, está en juego.