Un año después de la despenalización del aborto en Chiapas, el camino hacia la plena garantía de este derecho fundamental sigue sembrado de retos. Si bien celebramos la valentía de las mujeres chiapanecas y la labor incansable de organizaciones como la Red Aborta Libre Chiapas y la Red por la Justicia Reproductiva, es crucial analizar los obstáculos que aún persisten y que impiden el acceso real y efectivo a la interrupción legal del embarazo.

La objeción de conciencia, convertida en un escudo para negar la atención médica, se erige como una de las principales barreras. Imaginemos la angustia de una mujer que, tras tomar una decisión tan personal y difícil, se encuentra con la negativa del personal de salud a practicar el procedimiento. Esta situación, además de revictimizarla, la expone a la búsqueda de alternativas inseguras que ponen en riesgo su vida y su salud.

La limitada red hospitalaria, con apenas cinco centros que ofrecen el servicio de aborto legal y seguro en todo el estado, evidencia la brecha entre el marco legal y la realidad. Chiapas, un estado con una geografía compleja y una población dispersa, necesita una infraestructura sanitaria más robusta que garantice la accesibilidad a este servicio en todos sus rincones. ¿Qué opciones le quedan a una mujer que vive en una comunidad rural alejada de estos centros? La respuesta es desalentadora: largos y costosos desplazamientos, o peor aún, recurrir a métodos clandestinos.

La falta de sensibilización del personal de salud agrava aún más el panorama. La atención en un proceso de interrupción del embarazo debe ser empática, respetuosa y libre de juicios morales. Las mujeres que acuden a estos servicios merecen ser tratadas con dignidad y comprensión, no con estigma y discriminación. Es urgente capacitar al personal médico y administrativo para brindar una atención integral y humanizada.

La escasa difusión institucional y la restricción legal que limita el acceso al aborto hasta las 12.6 semanas son otros factores que limitan el ejercicio de este derecho. Muchas mujeres desconocen la ruta legal para acceder a un aborto seguro, o se enteran cuando ya han superado el límite establecido. Es fundamental implementar campañas de información claras y accesibles, especialmente en comunidades indígenas donde persisten mitos y tabúes en torno al aborto.

El acompañamiento integral que brindan organizaciones como la Red Aborta Libre Chiapas, con 222 personas atendidas, de las cuales 198 son originarias del estado, demuestra la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos reproductivos. El dato de que el 60% de las mujeres atendidas proviene de Tuxtla y Tapachula, mientras que el resto se distribuye en otros municipios, reafirma la necesidad de descentralizar los servicios y acercar la atención a las zonas más marginadas.

El incremento de solicitudes por parte de menores de edad en el último semestre es una señal de alarma que nos obliga a reflexionar sobre la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. Las adolescentes necesitan información veraz y oportuna para tomar decisiones responsables sobre su sexualidad y su futuro.

La legalización del aborto no es solo una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social. Se trata de reconocer la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, de garantizar su derecho a decidir y de construir una sociedad más justa e igualitaria. El camino aún es largo, pero la lucha por los derechos reproductivos continúa.