La sombra de la corrupción se extiende sobre la alcaldía Benito Juárez, y las acusaciones contra el presidente del PAN, Jorge Romero, resuenan con fuerza en los pasillos del poder. El diputado de Morena, Arturo Ávila, ha destapado una caja de Pandora al entregar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una serie de documentos que, según afirma, implican a Romero como uno de los cabecillas del llamado "Cártel Inmobiliario". La trama, que se asemeja a una novela negra de la política mexicana, involucra una red de empresarios y funcionarios que, presuntamente, se enriquecieron a costa de la legalidad urbanística.

La información, entregada bajo un manto de discreción a petición de la propia Fiscalía, promete sacudir los cimientos del partido blanquiazul. Ávila, con la cautela propia de quien maneja información sensible, se ha limitado a confirmar la entrega de los documentos, evitando ahondar en detalles que pudieran entorpecer la investigación. Sin embargo, las pocas palabras pronunciadas ante la prensa han bastado para encender la mecha de la especulación. ¿Qué secretos esconden esos documentos? ¿Quiénes son los demás implicados en esta trama de corrupción? ¿Hasta dónde llegarán las ramificaciones de este escándalo?

Las 55 líneas de investigación, las 22 carpetas abiertas y las 4 sentencias condenatorias que ya se han dictado, pintan un panorama sombrío para el PAN. La cifra de 264 excedentes de permisos otorgados en Benito Juárez, contraviniendo las autorizaciones de la SEDUVI, sugiere una práctica sistemática de irregularidades. Imaginen la magnitud del desfalco: edificios que crecen hacia el cielo, pisos adicionales construidos al margen de la ley, un entramado de complicidades que permitió que esto ocurriera durante años. ¿Quién se benefició de este exceso? ¿A qué bolsillos fueron a parar las ganancias ilícitas?

La figura de Jorge Romero se encuentra en el ojo del huracán. Las acusaciones en su contra son graves: 27 inmuebles con 68 niveles excedentes autorizados durante su administración. Un número que pone en entredicho la transparencia de su gestión y alimenta las sospechas de un enriquecimiento ilícito. ¿Cómo pudo ocurrir esto bajo su supervisión? ¿Qué explicaciones dará ante estas acusaciones? La presión mediática y la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía son cada vez mayores.

El hermetismo de la Fiscalía, comprensible en esta fase de la investigación, solo aumenta la intriga. Cada día que pasa sin nuevas revelaciones, la tensión crece. La ciudadanía espera respuestas, exige que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. El caso del "Cártel Inmobiliario" se convierte en una prueba de fuego para las instituciones, una oportunidad para demostrar que la ley es igual para todos, sin importar su posición política o su poder económico. El futuro del PAN, y la credibilidad del sistema político mexicano, dependen en gran medida del desenlace de esta historia.