La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha generado un intenso debate en el panorama político mexicano. A diferencia de los procesos de reforma electoral anteriores, caracterizados por la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, con la activa participación de la Secretaría de Gobernación, esta nueva comisión, integrada exclusivamente por funcionarios del actual gobierno, marca un precedente que despierta interrogantes sobre la imparcialidad y la representatividad del proceso.

Recordemos las reformas del pasado. Experiencias como el Seminario del Castillo y el Seminario de Tepoztlán, claves en la reforma de 1996, se distinguieron por la inclusión de académicos, analistas, expertos y, crucialmente, representantes de todos los partidos políticos. En aquellos debates, intensos y enriquecedores, la figura presidencial se mantenía al margen, delegando en la Secretaría de Gobernación la función de enlace, mientras que las autoridades electorales aportaban su conocimiento técnico para la elaboración de las nuevas normas. La prioridad era la construcción de consensos, no la imposición de mayorías.

El llamado al diálogo nacional, impulsado por exconsejeros del IFE/INE y exmagistrados del Tribunal Electoral, resonaba con ese espíritu de consenso y pluralidad. Sin embargo, la nueva comisión, presidida por Pablo Gómez y dependiente directamente de la jefa del Ejecutivo, excluye a la oposición partidista, limitando su participación a una "voz sin voto". Si bien se contempla la invitación a otros actores, la experiencia de los parlamentos abiertos en la elaboración de otras leyes no invita al optimismo.

Ante este escenario, se abre un abanico de interrogantes cruciales. ¿Cómo asegurar que la reforma electoral resultante refleje las necesidades y perspectivas de todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo garantizar la imparcialidad y la transparencia en un proceso dominado por una sola fuerza política? La representación proporcional, el financiamiento a los partidos, la innovación tecnológica en los procesos electorales, la experiencia y la imparcialidad de quienes organizan los comicios; todos estos temas requieren un análisis profundo y una discusión abierta, más allá de las líneas partidistas.

Es indispensable que la reforma electoral aborde una agenda amplia y ambiciosa, que vaya más allá de los intereses coyunturales y se enfoque en el fortalecimiento de la democracia. La innovación tecnológica, más allá de la simple implementación de la urna electrónica, debe estar al servicio de la transparencia y la eficiencia del sistema electoral. Es fundamental diseñar modelos que privilegien la experiencia, el conocimiento y la imparcialidad, garantizando que las mayorías políticas ejerzan su influencia de manera legítima, sin sobrerrepresentaciones artificiales.

La creación de una comisión propia por parte de Morena para debatir la reforma, así como el trabajo que presumiblemente están realizando los partidos de oposición en la misma dirección, son señales alentadoras. No basta con criticar el nuevo estilo, se requiere avanzar en la elaboración de propuestas viables para todos, propuestas que fortalezcan nuestra democracia. Es necesario participar activamente, aunque sea "con voz, pero sin voto", aportando ideas novedosas que el oficialismo podría no haber considerado. Al final, aunque el oficialismo tenga los votos, la historia nos enseña que las reformas autoritarias, tarde o temprano, terminan siendo un balazo en el pie para quienes las impulsan. El futuro de nuestra democracia depende de la capacidad de todas las fuerzas políticas para construir consensos y trabajar juntas en la construcción de un sistema electoral más justo, transparente y representativo.