La tragedia de las desapariciones en México continúa ensombreciendo al país. A pesar de los esfuerzos y la tecnología disponible, la búsqueda de las más de 117,000 personas desaparecidas y no localizadas desde diciembre de 2006 hasta julio de 2025, sigue siendo una lucha titánica. El Instituto Nacional Electoral (INE), en su afán por contribuir a la solución de este lacerante problema, ha implementado el uso de la biometría como una herramienta clave para la identificación. Sin embargo, la colaboración interinstitucional, fundamental para el éxito de esta iniciativa, se ha visto obstaculizada por la resistencia de algunas autoridades.

La reciente sesión del INE puso en evidencia la preocupante falta de avance en la firma de convenios de colaboración. El informe presentado no refleja ningún progreso desde abril, manteniendo la cifra estancada en tan solo seis convenios firmados. Esta situación, según Arturo Castillo Loza, titular de la Comisión del Registro Federal de Electores, se debe a la renuencia de algunas autoridades a participar en este crucial esfuerzo. ¿Qué motiva esta resistencia? ¿Desconocimiento, falta de recursos, o acaso desinterés? Estas son preguntas que exigen respuestas y que la sociedad mexicana merece conocer.

La biometría, una tecnología con un potencial inmenso para la identificación de personas, podría ser la clave para devolver la esperanza a miles de familias que viven en la angustia de la incertidumbre. A través de la comparación de huellas dactilares, reconocimiento facial y otras características biométricas, se podría agilizar el proceso de identificación de personas fallecidas no identificadas y, con ello, brindar un cierre a las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos. El INE, consciente de este potencial, ha puesto a disposición su tecnología y experiencia, pero la falta de cooperación de algunas entidades gubernamentales está frenando el progreso.

La consejera Carla Humphrey recordó que el INE ha estado trabajando en la firma de estos convenios desde 2016. Sin embargo, a la fecha, solo se han concretado 37, una cifra alarmantemente baja considerando la magnitud de la crisis de desapariciones en México. La lentitud en este proceso es inaceptable. Cada día que pasa sin la firma de estos convenios, se pierden valiosas oportunidades para identificar a las personas desaparecidas y llevar consuelo a sus familias.

El llamado a la colaboración por parte del INE es un grito desesperado en medio de la tragedia. Fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses y otras dependencias del gobierno federal y estatal, tienen la obligación moral y legal de sumarse a este esfuerzo. La búsqueda de personas desaparecidas no puede ser una tarea aislada, requiere la participación conjunta y coordinada de todas las instituciones involucradas.

La sociedad mexicana exige respuestas y acciones concretas. No podemos permitir que la burocracia y la falta de voluntad política sigan obstaculizando la búsqueda de la verdad y la justicia. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y se comprometan a trabajar en conjunto para encontrar a las miles de personas desaparecidas y devolver la paz a sus familias. El tiempo apremia, y cada día que pasa sin avances, la esperanza se desvanece.