La sombra de la sospecha se cierne sobre Ciudad Valles, San Luis Potosí. Un video, filtrado en el fragor de las elecciones de 2024, muestra a un hombre, presuntamente David Medina, alcalde reelecto y figura cercana al gobernador Ricardo Gallardo, en una reunión con supuestos miembros del Cártel del Golfo. La grabación, que data de 2021, sugiere una negociación en torno a la seguridad y el narcotráfico en la región. Medina desestimó el video como un simple ataque político, una estrategia común en tiempos electorales. Y, a pesar de las persistentes afirmaciones ciudadanas que identifican al hombre del video como su alcalde, Medina logró una reelección histórica, convirtiéndose en el candidato más votado del municipio.

Sin embargo, las cifras oficiales pintan un panorama inquietante. Desde 2021, año de la supuesta reunión, el narcomenudeo en Ciudad Valles se ha disparado, pasando de 185 casos a la alarmante cifra de 751 en 2024. Un incremento de más del 400% que coincide con el aumento de las amenazas y la violencia familiar, que alcanzó un pico histórico de 837 casos en 2024, superando los 576 registrados en 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. La violencia contra las mujeres también ha escalado: los casos de abuso sexual se mantienen por encima de 80 desde 2022, y las violaciones se han prácticamente duplicado, con 21 denuncias en el primer semestre de 2025.

La fragilidad institucional quedó expuesta el 22 de febrero pasado, tras la detención de Marcos ‘N’, alias El Alacrán, presunto líder criminal. La reacción fue inmediata y violenta: bloqueos con tractocamiones, tiroteos y un clima de terror generalizado que las autoridades no lograron contener. La violencia se repitió en marzo, con incendios de vehículos y bloqueos carreteros en el norte del municipio, sembrando la alarma entre la población.

Ante este escenario, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es firme: no se tolerarán narcogobernadores ni narcopresidentes municipales. Fuentes de alto nivel confirman que ya se investigan los presuntos vínculos de David Medina con el crimen organizado, señalados en el video de 2024. Ricardo Gallardo también se encuentra bajo la lupa. El reciente cateo a un inmueble, presuntamente un centro de espionaje disfrazado de empresa de seguridad, propiedad de Francisco Javier Ruiz Rodríguez, uno de sus proveedores favoritos, ha generado fuertes cuestionamientos hacia el gobernador, quien a su vez acusa al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, de orquestar una campaña de desprestigio en su contra, financiada con más de 100 millones de pesos del ayuntamiento.

En otro frente, el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, senador y líder nacional del PRI, da un nuevo giro. Si bien la primera solicitud de la Fiscalía de Campeche, basada en enriquecimiento ilícito, fue archivada por falta de pruebas, la nueva acusación se centra en el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, confirmó que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha presentado cinco carpetas de investigación por peculado y uso indebido de atribuciones. Si bien el análisis formal comenzará el 1 de septiembre, la Sección Instructora dedicará el mes de agosto a la revisión del caso. Este proceso pone sobre la mesa el debate sobre el fuero. Flores Cervantes distingue entre inmunidad procesal, que impide juzgar a un legislador sin autorización del Congreso, e inmunidad parlamentaria, que protege sus opiniones políticas. Propone eliminar la primera, pero mantener la segunda, una postura que coincide con la Reforma Electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca limitar o eliminar el fuero.

Finalmente, Capufe, bajo la dirección de Rubén Arturo Hernández Bermúdez, ha adjudicado a Hitachi Rail GTS México y Ofi Store el mantenimiento de los sistemas de peaje en la Red Capufe, Red FONADIN y el tramo México-Puebla. Un proceso con ocho participantes, supervisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control de Capufe, que se enmarca en la estrategia de modernización de la infraestructura del organismo. Entre los planes a futuro destaca la obligatoriedad del TAG en las casetas a partir de 2026, con el objetivo de agilizar el tráfico, mejorar la seguridad vial y transparentar la gestión de recursos. Esta iniciativa irá acompañada de una mayor coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer la vigilancia y la atención de emergencias en la red carretera.