La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha generado una intensa controversia en el panorama político mexicano. El anuncio, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y oficializado mediante un decreto publicado el 4 de agosto de 2025, ha levantado serias dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso. La composición de la comisión, integrada principalmente por figuras cercanas al gobierno, sugiere una clara intención de controlar la reforma y silenciar las voces disidentes.

Si bien el decreto menciona la posibilidad de invitar a representantes de diversos sectores, como la academia y la sociedad civil, la limitación de su participación a un rol consultivo, sin derecho a voto, despierta preocupación. Esta estrategia parece contradecir la tradición de consenso que ha caracterizado las reformas electorales en México. Recordemos la trascendental reforma de 1996, que dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE). En aquel entonces, a pesar de contar con mayoría, el PRI buscó el acuerdo de las principales fuerzas políticas del país, reconociendo la importancia de una amplia legitimidad para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales. Incluso, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder del PRD, participó en aquel proceso. Los resultados de esa reforma fueron innegables, abriendo paso a una mayor pluralidad y equidad en la contienda política.

La situación actual contrasta radicalmente con ese pasado. La ausencia del INE en la Comisión Presidencial y la presencia exclusiva de figuras afines al oficialismo, plantean un escenario inquietante. Se percibe un intento de imponer una reforma a modo, sin un debate amplio y plural. La utilización de encuestas como mecanismo de legitimación resulta insuficiente y sospechosa. Es crucial recordar que la democracia se construye con la participación de todos los actores políticos y sociales, no con la imposición de una visión unilateral.

Ante este panorama, es fundamental defender los logros alcanzados en materia electoral. La pluralidad, la libertad y la imparcialidad de las instituciones son pilares indispensables de una democracia sólida. No podemos permitir que se desmantelen los avances logrados con tanto esfuerzo. Es tiempo de alzarnos en defensa de nuestras instituciones y exigir un proceso de reforma transparente, inclusivo y democrático. La historia nos ha demostrado que el consenso y el diálogo son las mejores herramientas para fortalecer nuestra democracia. No podemos permitir que el autoritarismo y la imposición se impongan sobre la voluntad popular. El futuro de México está en juego.