La sombra de una nueva reforma electoral se cierne sobre México, y la pregunta que resuena en todos los rincones del país es: ¿realmente la necesitamos? Quizá. Pero, ¿en los términos que propone el obradorismo? Rotundamente no. Esta reforma no nace del consenso, no se nutre del diálogo ni de diagnósticos técnicos. A la oposición, tanto la partidista como la ciudadana, se le ofrece una supuesta escucha, una pantomima de atención, mientras se ignora sistemáticamente su voz. Basta leer los estatutos de la comisión encargada de la reforma: “podrá invitar a representantes […] quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”. Un “podrá” que se traduce en un “ahórrense la molestia”. En resumen, el club oficialista decide, y el resto observa. ¿Democracia participativa? Una versión karaoke, donde la pista ya está grabada y la ciudadanía solo puede cantar encima.

El primer error fue un enroque desafortunado. La salida de Pablo Gómez de la UIF, un respiro para muchos, se convirtió en una pesadilla al verlo liderar esta comisión. Si los antecedentes no inspiran confianza, los pronósticos menos. Nombres como Rosa Icela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas, Jesús Ramírez y Arturo Zaldívar, leales al mandatario, pero sin experiencia en materia electoral, conforman la comisión. ¿Y Pablo Gómez? El que estuvo del lado correcto de la historia en 1968, hoy aplaude una comisión monocolor, cerrada, hecha a la medida del régimen. Ocho comisionados, obedientes y funcionales, controlan los órganos que antes custodiaban nuestra democracia. No representan a nadie más que a sus jefes. No protegen el voto ni garantizan la equidad. Su función es simular legalidad, nada más.

El objetivo de esta reforma no es fortalecer el sistema electoral, ni los partidos, ni mucho menos a la ciudadanía. ¿Fomentar una cultura democrática más robusta? Una idea risible en este contexto. Históricamente, las reformas electorales en México han respondido a las exigencias de la oposición, abriendo espacios, no cerrándolos. La reforma de 2007, paradójicamente, nació del rechazo de López Obrador a su derrota frente a Calderón, y le permitió seguir compitiendo. Esta reforma, en cambio, busca perpetuar a su movimiento en el poder, sin disimulo, sin pudor.

Ex consejeros del IFE/INE y magistrados del TEPJF han clamado por un diálogo real, incluyente, que fortalezca el pluralismo, la autonomía y la equidad electoral. Pero sus peticiones se pierden en el vacío. El plan de Morena es otro: construir un nuevo PRI, con logotipo guinda y culto personalizado. El INE, presidido por Guadalupe Taddei, se ha convertido en un cómplice silencioso, permitiendo la elección de jueces a modo, respaldando la reforma al Poder Judicial, ignorando delitos electorales y renunciando a sus facultades. Ya no es ni siquiera un tapete, sino mera escenografía. Se les advirtió, pero no escucharon.

Como si fuera poco, se busca eliminar a los legisladores plurinominales. La consecuencia: un Congreso unipartidista, un regreso al PRI setentero, pero con menos estilo y más resentimiento. Solo un sistema proporcional garantiza que todos los votos cuenten y que la pluralidad llegue al Congreso. Pero eso ya no es prioridad.

Reducir recursos a los partidos suena atractivo, pero lo verdaderamente urgente es garantizar procesos limpios, sin violencia, sin robo de urnas, sin candidatos financiados por el narco o el crimen organizado. Sin equidad real, hablar de democracia es puro teatro.

¿Estamos presenciando el réquiem de la democracia mexicana? Posiblemente. El último clavo en el ataúd, ahora que el Poder Judicial también se ha rendido. El sistema electoral, aunque les pese a algunos, depende de la calidad democrática con la que se representa al ciudadano. Y si de eso se tratara, esta comisión jamás habría existido.