La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres en México ha sido larga y ardua. Hemos avanzado, sin duda, con reformas legislativas cruciales que buscan proteger a las mujeres y castigar a los agresores. Desde el Congreso, hemos alzado la voz y legislado para construir un marco jurídico que proteja a las mujeres y castigue con severidad a quienes las violentan. Sin embargo, la realidad nos muestra que las leyes, por sí solas, no son suficientes. El caso de S.G.M.G., cuyo expediente CI-FDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/568/05-2024 en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México relata una historia desgarradora, ilustra la dolorosa brecha que aún existe entre la letra de la ley y su aplicación.

Tras años de silencio impuesto por el trauma, S.G.M.G. encontró la fuerza para denunciar la violación que sufrió. Un acto de valentía que debería ser aplaudido y acompañado por un proceso justo y protector. Sin embargo, en lugar de encontrar justicia, se ha topado con un sistema que, en lugar de protegerla, parece revictimizarla. La fabricación de pruebas por parte de la defensa del presunto agresor, no solo pone en riesgo la administración de justicia, sino que envía un mensaje escalofriante a todas las mujeres que han sufrido violencia: denunciar puede convertirse en una nueva forma de agresión.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI, funcionarios y autoridades judiciales den cabida a estas prácticas dilatorias y obstruccionistas que buscan evadir la justicia y perpetuar la impunidad. Estas acciones no solo demeritan el trabajo incansable de fiscales, jueces, magistrados y ministros comprometidos con la justicia, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Cómo podemos pedir a las mujeres que denuncien si, al hacerlo, se enfrentan a la posibilidad de ser acusadas injustamente, como en el caso de S.G.M.G., a quien se le imputa falsedad de declaraciones en la carpeta de investigación FIAO/UAT-AO-4/UI-1/S/D/00362/01-2025?

La perspectiva de género, consagrada en nuestras leyes, no puede ser una simple declaración de buenas intenciones. Debe permear cada etapa de la investigación y el proceso judicial, garantizando que las mujeres sean tratadas con la sensibilidad y el respeto que merecen. La judicialización de la víctima, en lugar del agresor, es una perversión del sistema que exige una revisión exhaustiva y consecuencias para los responsables.

La administración de justicia es un pilar fundamental de nuestra sociedad. La seguridad y la confianza en las instituciones son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de nuestro país. El compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la justicia es innegable. Sin embargo, es crucial que las autoridades ministeriales y judiciales actúen con prontitud, transparencia e imparcialidad para garantizar que casos como el de S.G.M.G. no se repitan. Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a la Fiscalía y al Poder Judicial de la Ciudad de México para que implementen los protocolos necesarios y actúen con la debida diligencia. La justicia no puede esperar. La lucha contra la violencia de género exige un compromiso real y efectivo de todos los actores involucrados.