La designación de Pablo Gómez Álvarez al frente de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral ha generado un intenso debate en el panorama político mexicano. Su trayectoria, marcada por la lucha social desde el 68 y su larga experiencia legislativa, lo presenta como una figura con la solidez y seriedad necesarias para afrontar este complejo desafío. Sin embargo, su pasado, incluyendo la propuesta de reforma electoral que planteaba una radical transformación del Congreso hacia la proporcionalidad pura, ha despertado inquietudes y críticas en algunos sectores. ¿Será capaz de construir consensos en un tema tan sensible? ¿Logrará conciliar las demandas de transformación con la necesidad de preservar la estabilidad de las instituciones democráticas?

El reto es enorme. La reforma electoral que se plantea debe abordar cuestiones cruciales como la reducción de los costos de los procesos electorales, tanto en su organización como en el financiamiento público a los partidos. Si bien la racionalización del gasto es indispensable, es fundamental garantizar que no afecte la calidad y transparencia de los comicios. La experiencia de Gómez Álvarez en el ámbito legislativo será clave para diseñar mecanismos eficientes y equitativos que fortalezcan la democracia mexicana.

Uno de los puntos más controversiales es el futuro del INE. Mientras el gobierno asegura que se mantendrá la autonomía del Instituto, la oposición expresa sus temores sobre un posible intento de control por parte del poder ejecutivo. La permanencia o no del actual Consejo General del INE es otro aspecto que genera incertidumbre. Si bien la división interna del Consejo es un punto débil, también es cierto que lograron concluir con éxito la elección judicial, a pesar de las dificultades. ¿Se optará por la continuidad o por una renovación anticipada que podría interpretarse como una maniobra política?

La historia de las reformas electorales en México muestra que, en momentos de transformación profunda, los consejeros en funciones han sido relevados de sus cargos. Desde la transición a la autonomía del IFE en 1996, figuras destacadas como Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel Miranda y José Woldenberg Karakowski, tuvieron que dejar sus puestos para dar paso a una nueva etapa. ¿Se repetirá este patrón en la actual coyuntura?

El éxito de la reforma electoral dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo y negociación entre las distintas fuerzas políticas. Alcanzar consensos en un tema tan delicado no será fácil, pero es indispensable para legitimar los cambios y garantizar la estabilidad democrática. La sociedad mexicana estará atenta al desarrollo de este proceso y exigirá que se privilegie el interés nacional por encima de los cálculos políticos. La reforma electoral es una oportunidad para fortalecer la democracia, pero también un campo minado donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias imprevisibles. El tiempo dirá si Pablo Gómez Álvarez está a la altura del desafío.