La euforia oficialista por los supuestos logros económicos resulta, cuando menos, prematura. Si bien la ENIGH registra un aumento del ingreso promedio y una disminución de la pobreza, un análisis más profundo revela una realidad mucho más compleja y preocupante. Celebrar un incremento del ingreso basado en transferencias directas, como la pensión para adultos mayores, mientras el crecimiento económico languidece en un anémico 0.7%, es como festejar un oasis en medio del desierto sin tener en cuenta la inmensidad de la arena que lo rodea. Estas políticas, aunque bienintencionadas, son insostenibles a largo plazo, especialmente cuando el gasto en pensiones absorbe casi una cuarta parte del presupuesto público.

El argumento de que el aumento del ingreso proviene principalmente del ámbito laboral, impulsado por el incremento al salario mínimo, también cojea. Sin un crecimiento económico sólido y sostenido, la creación de empleos será insuficiente y, en muchos casos, precaria. Esto no solo limitará el crecimiento del ingreso laboral, sino que también reducirá la recaudación fiscal, poniendo en riesgo la viabilidad de las propias transferencias. La meta de crecimiento anual del 4.5% se ve lejana, alcanzando apenas un 1.4%, lo que evidencia la fragilidad del modelo económico actual.

La "magia" de la economía actual consiste en reasignar presupuestos, sacrificando servicios públicos esenciales como la salud. Mientras se entregan pensiones, el sistema de salud pública se deteriora, obligando a los ciudadanos a recurrir a servicios privados, incrementando aún más sus gastos. Si el ingreso aumenta, pero los gastos crecen a un ritmo mayor, ¿dónde está la verdadera reducción de la pobreza? La ENIGH misma revela que seis de cada diez derechohabientes del sistema público de salud recurren a la medicina privada, cuyo gasto ha aumentado un 41.4% entre 2018 y 2024, según México Evalúa. Este dato, irónicamente, proviene de la misma encuesta que el gobierno utiliza para celebrar sus supuestos éxitos.

El panorama se repite en otros sectores, como la educación, donde la reducción del gasto público está generando un atraso generacional con consecuencias a largo plazo. Casi un millón de jóvenes han abandonado sus estudios desde 2018, hipotecando su futuro y el del país. Estas son las consecuencias silenciosas, pero devastadoras, de un modelo económico cortoplacista que prioriza las dádivas inmediatas sobre la inversión en el futuro.

Otro pilar de este modelo es el endeudamiento. La deuda pública creció un 23% durante el sexenio anterior, y continúa en ascenso en la presente administración. Si bien la deuda puede ser una herramienta útil para impulsar el desarrollo, en este caso se utiliza como un sustituto del crecimiento económico, convirtiéndose en un lastre que compromete las finanzas públicas. El hecho de que el gobierno destine más recursos al pago de intereses que al sector salud es una clara señal de alarma.

El legado de esta administración es una economía frágil, con un margen de maniobra fiscal limitado y compromisos presupuestales desproporcionados, como Dos Bocas y el Tren Maya. Las opciones para el futuro son limitadas: una reforma fiscal profunda, con el costo político que implica, o continuar con el endeudamiento, sacrificando servicios públicos y posponiendo las soluciones de fondo. La respuesta del gobierno parece obvia, y las consecuencias, lamentablemente, también.